El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realizó el Estudio diagnóstico y la Evaluación integral de la política social vinculada al Derecho a la Vivienda 2023-2024 dónde destaca que en 2022, el 9.1% de la población presentaba carencia por calidad y espacios de la vivienda; la prevalencia de esta carencia contribuye a la vulnerabilidad de sus habitantes frente a las condiciones climáticas, riesgos para la salud u otros fenómenos externos y peligros estructurales.
Además, el 5.8% de las personas habitaba en viviendas con hacinamiento, principalmente en localidades rurales. También, en 2022, el 2.9% de las personas habitaba en viviendas con piso de tierra, esencialmente en localidades rurales, viviendas con población hablante de lengua indígena y hogares de menores ingresos. De lo anterior, se identifica que las principales brechas de la población por esta carencia se ubican en las localidades menores a los 15 mil habitantes y en la población indígena, fundamentalmente entre las mujeres.
También en 2022, el 17.8% de la población presentaba carencia por servicios básicos en la vivienda, lo cual genera, principalmente, afectaciones en la salud; el 11.3% de las personas habitaba en viviendas que utilizaban leña o carbón para cocinar y no contaban con chimenea para desalojar el humo, afectando principalmente a la población indígena, mujeres y menores de edad. Adicionalmente, en 2022, 33.5% del total de las viviendas particulares habitadas en el país no tenía agua potable de forma cotidiana, lo que afecta fundamentalmente a la población de menores ingresos.
Las principales brechas de la población que no recibía agua potable diariamente en su vivienda se identificaron en localidades con menos de 2,500 habitantes y en la población hablante de lengua indígena, particularmente mujeres, se agrega en el estudio del CONEVAL .
El organismo sugiere “fortalecer y articular la oferta gubernamental para atender el hacinamiento, las viviendas con piso de tierra; las que utilizan carbón o leña para cocinar y que no cuentan con chimenea: y avanzar en el suministro diario de agua potable en la vivienda”.
El estudio también remarca que en 2022, el 24.3% de las viviendas del país no contaba con escrituras, mientras que, en 2020, el 46.0% de las viviendas rentadas no contaban con un contrato de arrendamiento vigente, lo que vulnera la seguridad jurídica de la tenencia de sus habitantes. Esta problemática se identifica en todo el territorio; sin embargo, es más prevalente en las localidades con población indígena y las localidades con menos de 2,500 habitantes.
El elevado costo de las viviendas, los bajos ingresos y los efectos del desplazamiento de la población provocan que las personas no puedan disponer de una vivienda, ya sea mediante su adquisición o renta, por lo que tienden a vivir con familiares, asentamientos irregulares o bien en áreas de la periferia desde donde invierten más tiempo y recursos para poder trasladarse diariamente a los centros de trabajo, educación o salud. Una vivienda adecuada debe garantizar un acceso eficiente a los servicios urbanos y centros de comercio, educación, empleo, añade la investigación.
Al promover diversas formas de acceso a la vivienda priorizando la atención a la población vulnerable, se debería ampliar la oferta de viviendas en arrendamiento: elaborar un diagnóstico para identificar zonas en las cuales es necesario que se ofrezca vivienda gubernamental en renta dirigida tanto a población con afiliación a algún instituto de vivienda, como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), y aquella que forma parte del sector informal de la economía, buscando que se atienda de forma prioritaria a la población de bajos ingresos, población indígena, mujeres y jóvenes.
Asimismo habría que reincorporar las viviendas deshabitadas, elaborar un diagnóstico para conocer su ubicación, características, condiciones de deterioro, causas que provocan que no estén habitadas, necesidades de rehabilitación o situación jurídica, para reincorporarlas como opciones de uso para la población.
En el caso de la escrituración de vivienda, CONEVAL apremia a simplificar procesos, disminuir tiempos y reducir los costos de la escrituración de la vivienda para la población en situación de vulnerabilidad y para atender las brechas de género y de la población indígena en la propiedad o copropiedad de la vivienda.
En caso de arrendamiento, fomentar la suscripción de contratos de arrendamiento mediante la promoción de campañas de difusión sobre los derechos de los propietarios y de los inquilinos, así como las ventajas de formalizar estos contratos.
En el estudio se identificó como reto que la ubicación de las viviendas en zonas de riesgo y la ocurrencia de fenómenos naturales pueden ser causa del desplazamiento forzado de la población, por lo que se ve obligada a abandonar su lugar de residencia.
Esto, aparejado a la insuficiencia de reservas territoriales, puede afectar el acceso a servicios urbanos, ya que contar con las reservas territoriales suficientes y adecuadas para la demanda habitacional es una precondición para que la tendencia a la urbanización que se ha experimentado en el país permita el acceso a centros de empleo, salud, educativos y de abasto a la vez que se tome en cuenta el principio de sostenibilidad para el crecimiento de las ciudades.
Al respecto, es necesario ampliar las estrategias de planificación y prevención en la recuperación temprana de las zonas afectadas, para el restablecimiento y facilitación del acceso a los servicios básicos, contar con refugios apropiados que garanticen la seguridad de la población vulnerable, el restablecimiento de las vías y medios de comunicación, así como la garantía de seguridad y gobernabilidad, que integren no solo la disponibilidad inmediata de recursos económicos y humanos, sino la atención coordinada de las diversas autoridades, añade CONEVAL.
