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El país debe contar con una ley que establezca las medidas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para homologar en todo el territorio las medidas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, propuso la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) planteó cambios constitucionales, para facultar al Congreso de la Unión a emitir una Ley General en la materia.
La norma debe establecer “la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, dice la propuesta.
La ley genera contemplará el sistema nacional, las instancias y medidas de protección así como recursos mínimos y suficientes para garantizar el adecuado financiamiento.
En artículos transitorios, la diputada López Rabadán propuso dar un máximo de 90 días al Legislativo Federal para expedir la Ley General en cuestión.
Redoblar protección a periodistas y defensores
En la argumentación, la vicepresidenta de la Cámara indicó que periodistas y defensores son fundamentales para evitar la violación a derechos de otras personas, y su labor es un pilar de la democracia.
Ante la vulnerabilidad que ambos enfrentan, indicó, es necesario contar con una norma general que los proteja y se cumpla en todo el territorio.
Recordó que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y la libertad de expresión.
Indicó que de acuerdo a mediciones de organismos como “Reporteros sin Fronteras” si bien México mejoró de 2023 a 2024 en materia de atención a periodistas, cifras de “Human Rights Watch”, muestran que el pasado sexenio se registraron 3 mil 408 agresiones y amenazas contra periodistas.
Hubo 46 asesinatos de informadores y cuatro más fueron reportados como desaparecidos; mientras que se tuvo conocimiento del homicidio de al menos 14 defensores de derechos.
Ante los hechos, subrayó la parlamentaria, es necesario y urgente ajustar el marco legal vigente con el fin de reforzar las medidas de protección y en especial de prevención de agresiones.
Es necesario que se definan y distribuyan las competencias entre los tres órdenes de gobierno, con el fin de establecer una base mínima y homologada de respuesta ante agresiones a los señalados.
La panista enfatizó que es obligación del Estado proteger y promover los derechos de todos los ciudadanos, con mayor razón de quienes ejercen el periodismo y defiende los derechos de terceros.
Pidió que la norma general contemple un Sistema Nacional de Protección, un Modelo Nacional de Prevención, un Registro Nacional de Agresiones y un Protocolo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
