En la presentación del Informe Sexenal de Causa en Común, análisis sobre la gestión del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, María Elena Morera, titular de la agrupación, señaló que la Estrategia Nacional de Seguridad presentada por el nuevo gobierno “está bien planteada”, pero “le falta el tema de migración, el tema de violencias contra las mujeres, los desaparecidos, los desplazados. Hay muchas cosas que todavía no nos han dicho cómo las van a atender, porque medir sólo por homicidios pues nos puede pasar lo que ya estaba pasando el sexenio pasado, que simplemente los sacan del cajón de homicidios y los ponen en ‘otros delitos contra la vida’”.
En sesión virtual, Morera también remarcó que “hay una colaboración estrecha entre autoridades y crimen organizado porque también hay que dividir y eso lo tendrá que hacer en la estrategia Omar García Harfuch entre los lugares donde se está generando una gran violencia y lugares donde no hay violencia porque ya los que mandan en todos son los criminales y tienen a la población completamente sometida”; asimismo, la titular de Causa en Común cuestionó “hasta dónde va a alcanzar con una minisecretaría ante unas fuerzas armadas súper empoderadas? ¿Cómo va a coordinar García Harfuch a quienes siempre se han sentido superiores sobre las policías?”, recalcó.
En el documento presentado se establece que “la inseguridad, la impunidad y la injusticia gozaron de cabal salud durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se destruyó a la Policía Federal y se ahondó de manera significativa la precariedad de las policías estatales y municipales. El control político sobre las fiscalías ha sepultado cualquier vestigio de independencia ministerial. El Poder Judicial se asoma a su destrucción total. Los centros penitenciarios, focos de violencia y corrupción, ni siquiera figuraron en la agenda. En lo que sí hubo esmero es en una militarización rampante concebida, no como un aporte a la seguridad, sino como puntal de un proyecto político cada vez más autoritario; y en una manipulación informativa cotidiana para distorsionar la realidad”.
El documento “Las policías en México: radiografía de un retraso crónico (2018-2024)”, sintetiza diversos seguimientos que realiza la organización y que muestran las condiciones de abandono, precariedad laboral y violencia bajo las que operan las policías locales. Desapareció el FORTASEG, fondo que apoyaba a los municipios en materia de seguridad.
El fondo de apoyo a las entidades, el FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública), no tuvo mayor impacto en favor de las policías estatales. Los bajos salarios, la falta de pago de bonos, las condiciones inseguras y capacitación y equipamiento a todas luces insuficientes explican que en el sexenio se registraran al menos 413 movilizaciones de policías, incluyendo 183 paros, 165 manifestaciones y 65 emplazamientos a paro, abarcando la mayoría de los estados del país. En otro seguimiento, se da cuenta del asesinato durante el periodo de al menos 2,456 policías, se apunta.
El debilitamiento del SNSP (Sistema Nacional de Seguridad Pública) y de sus instituciones abrió espacio para una militarización sin precedentes. Un componente esencial fue la creación administrativa de una Guardia Nacional (GN) que, en tanto cuerpo militar, violó flagrantemente la Constitución. Desde el momento de su creación, en 2019, Causa en Común creó el Observatorio para reunir información sobre dicha corporación y sobre el proceso de militarización en su conjunto.
Debido a la opacidad del gobierno de López Obrador, la información fue cada vez más difícil de obtener, llegando al extremo de responder con absurdos como que no existen elementos de la GN que fueran transferidos de las Fuerzas Armadas (FFAA). En cuanto a capacitación, el último dato disponible indica que tres cuartas partes de los elementos habrían completado cursos de capacitación inicial, aunque no existe forma de corroborarlo. Tampoco este año se publicó el informe anual de labores de la corporación, remarca Causa en Común.
La Guardia Nacional no ha dado resultados que incidan de manera significativa en la situación de violencia e impunidad crónicas que padece el país. El crecimiento en funciones y presupuestos de las FFAA ocurre en detrimento de las policías locales. Dada la opacidad de las FFAA, se obstaculizan las evaluaciones institucionales y en cambio se incrementan los riesgos de corrupción, indica el organismo.
Además, se incrementó el peligro de más violaciones a los derechos humanos. El protagonismo militar no es compatible con un sistema democrático definido por la preeminencia de las instituciones civiles. Especialmente preocupantes son las expresiones partidistas de altos mandos militares y las amenazas de funcionarios militares a jueces y funcionarios judiciales. En sentido contrario a los severos recortes presupuestales que sufrió durante el sexenio el grueso de la administración pública federal, el presupuesto asignado a las FFAA alcanzó máximos históricos.
Para 2024, se aprobaron más de 67 mil 526 millones de pesos para la GN (14 veces lo asignado en 2020), 247 mil 551 millones para la SEDENA (121% más que en 2023), y la SEMAR recibió 68 mil 596 millones (64% más que en 2023). Las FFAA recibieron recursos adicionales a través de transferencias de los presupuestos de obra pública, aduanas, puertos y aeropuertos, y de diversas instituciones que hoy controlan, federales o locales, de seguridad o de otra naturaleza; del control de diversas empresas estatales creadas durante el sexenio; de convenios de colaboración con gobiernos locales y de donativos que reciben de éstos; y de fideicomisos administrados sin supervisión externa, detalla la agrupación.
“Es importante recordar algunos de los efectos de esta militarización: tomando en cuenta que se trata únicamente de delitos denunciados y que se calcula que únicamente se denuncian el 7% de los delitos, destacan los siguientes datos del sexenio (los datos correspondientes al periodo 2019-2023 provienen del INEGI, mientras que los datos de diciembre de 2018 y del periodo enero-agosto 2024 provienen del SESNSP). Homicidio doloso: se registraron 196,523 víctimas, un promedio de 94 víctimas por día. Es el sexenio con más asesinatos desde que existen registros”, apunta Causa en Común.
En Secuestro se registraron 5,804 víctimas, un promedio de tres víctimas diarias. En extorsión se registraron 56,607 víctimas, un promedio de 27 víctimas diarias. En este periodo, el número de víctimas a nivel nacional aumentó 59%, se señala en el documento.
En narcomenudeo se registraron 472,589 casos, un promedio de 225 casos diarios. En este periodo, el número de casos a nivel nacional aumentó 81% bajo el pasado gobierno federal, se añade.
En Violencia familiar, se reportaron 1,441,838 casos, un promedio de 686 casos diarios. En este periodo, el número de casos a nivel nacional aumentó 94%, destaca Causa en Común.
“No existía en nuestro país un seguimiento sistemático de eventos que puedan ser catalogados como ‘atrocidades’. Por esa razón, desde 2020, Causa en Común realiza un conteo y clasificación de este tipo de eventos, utilizando como fuente notas periodísticas nacionales y estatales. La cantidad y naturaleza de los eventos que se registran conforman una ‘galería de horrores’: de enero de 2020 a septiembre de 2024, se registraron 26,614 ‘atrocidades’, entre las que destacan 6,501 casos de tortura, 3,456 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 2,798 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 2,666 fosas clandestinas y 2,469 masacres”, se advierte.
“Los números sobre crimen y violencia en México, por alarmantes que sean, no reflejan ni de lejos la realidad. Además de una cifra negra del 93%, hay evidencia de probables manipulaciones. Algunos ejemplos: en Homicidio doloso, es probable el traslado de registros de víctimas de homicidio doloso a otras categorías como homicidio culposo (no intencional) y a la categoría de “otros delitos contra la vida”. Entre 2019 y 2023, el número de víctimas de homicidio doloso disminuyó 14%, mientras que las víctimas de homicidio culposo aumentaron 9% y las de “otros delitos contra la vida” aumentaron 61%. A nivel estatal, hay varios casos en los que el número de víctimas de ‘otros delitos contra la vida’ es superior al total de víctimas de homicidios dolosos. Cabe mencionar que, en el caso de feminicidios, Causa en Común cuenta con registros periodísticos que dan cuenta de un mayor número de casos, notorios por la violencia empleada, que los totales registrados en fuentes oficiales”, apunta el informe 2018/2024.
“No tienen, no quieren y no entienden: la accidentada complicidad de las instituciones en la desinformación de cada mañana sobre nuestra inseguridad”, apunta el organismo al comentar que la aproximación al delito de Secuestro en el pasado gobierno fue similar al caso de los homicidios dolosos, “existen indicios del probable traslado de registros de víctimas de secuestro a la categoría de ‘otros delitos contra la libertad’. De hecho, en diversas entidades el registro de secuestros es mínimo en comparación con el registro de víctimas de ‘otros delitos contra la libertad’”.
“En Extorsión se han detectado disminuciones extraordinarias en los registros de este delito en diversas entidades. En algunos casos los registros se miden, en el acumulado sexenal, sólo en decenas. Asimismo, en Narcomenudeo y Violencia Familiar: En ambas categorías existen casos con números extrañamente reducidos y casos con reducciones extraordinarias que no tienen explicación”, se resalta en el documento.
“Las conferencias de prensa matutinas constituyeron un esfuerzo sistemático para ocultar y tergiversar la información sobre todos los temas de interés nacional. Con el fin de dar seguimiento a la información sobre seguridad, Causa en Común monitoreó 1,410 conferencias realizadas entre diciembre de 2018 y julio de 2024. Se identificaron 573 de ellas en las que se mencionaron temas de seguridad y se elaboraron 2,596 solicitudes de información dirigidas a las principales instituciones federales responsables de la seguridad pública.
Estos son algunos resultados: En el 27% de los casos, las instituciones evadieron dar información argumentando incompetencia (14%), la inexistencia de la información (11%) o indicando que ésta se encuentra reservada (2%). En el 17% de los casos, las instituciones entregaron información parcial. En conjunto, el 44% de las solicitudes no obtuvieron respuesta completa a los cuestionamientos. En cuanto a la coincidencia entre las declaraciones emitidas en las conferencias de prensa y las respuestas entregadas por las instituciones, sólo el 35% “coinciden”, sin que ello signifique veracidad de la información. Debido a la propaganda extrema que ha predominado en estos años, es probable que dichas instituciones hayan optado, en buena parte de los casos, por ocultar la información requerida.
También es notorio que en algunos casos se negó información que ya había sido pública o se brindó información que contradecía lo informado en otras ocasiones. Es notorio, asimismo, que en estos años nunca se informó sobre la supuesta estrategia de seguridad, ni se abordó el desarrollo de las policías locales, de las fiscalías o de los centros penitenciarios, remarcó el informe 2018/2024.
“El hecho es que México no cuenta con datos confiables sobre la inseguridad ni sobre las instituciones que debieran atenderla. El sexenio de López Obrador fue de una profunda erosión institucional. En seguridad, se destruyeron instituciones, otras se debilitaron, otras más simplemente fueron ignoradas. Estos desmantelamientos, sumados a los del resto del aparato estatal, dejan vacíos que las Fuerzas Armadas, pese a su creciente protagonismo, no han logrado ni lograrán llenar. Es también claro que se agravó y que se agravará la opacidad en la que opera el gobierno, bajo el falso pretexto de que las acciones más triviales son supuestos de seguridad nacional, y destruyendo además al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es literalmente oscuro un panorama en el que los problemas no se reconocen y en el que ya no existirán medios de acceso a información que debiera ser pública”, remarcó Causa en Común.
“Se debe insistir en lo evidente: la prioridad de gobierno en estos años fue eliminar obstáculos para que un grupo político concentrará cada vez más poder; y conviene subrayar que esa irresponsabilidad avanzó en detrimento de la seguridad que urge construir, en detrimento de un gobierno civil eficaz y transparente, en detrimento del prestigio del Ejército y la Marina. Conviene también entender que, con la destrucción del Poder Judicial y de los organismos autónomos, esta irresponsabilidad hoy mantiene su rumbo hacia un México sin defensas ante el ominoso futuro que se avizora”, concluye el reporte.
