La Cámara de Diputados tendrá un intenso día en el que se preveía la discusión de tres reformas, una propuesta por la Presidenta de la República, y dos más de carácter constitucional, planteadas por su antecesor.
No obstante, uno de los temas más polémicos, el de la extinción de organismos autónomos, quedará fuera de la discusión y se pospondrá hasta la siguiente semana.
Aguantan eliminación de autónomos
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira aclaró que el asunto estaba contemplado en el orden del día oficial de la sesión, pero en calidad de “previsión”, es decir, que podría o no discutirse y al final, se abordará hasta el próximo miércoles 20 de noviembre.
“Déjeme le digo, no lo programaron, lo habían dejado como se dice en previsión. Es decir, si usted ve lo que se votó en la Junta de Coordinación Política aparece en previsión que hoy se iba a votar organismos autónomos, pero ayer ya se nos aclaró por el presidente de la Mesa que lo van a pasar al próximo miércoles, no lo bajaron para siempre, lo van a pasar para el próximo miércoles. Es un dictamen con muchos defectos”, recalcó Moreira Valdez.
Por el Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Ernesto Sánchez retó a la mayoría que la eliminación de instituciones autónomas se defina a través de una consulta popular.
“Hoy exhorto a Morena a ponernos serios, siempre hablamos de consultas populares, revocación de mandato, cuando a ellos les conviene lo quieren llevar a la voluntad del pueblo y cuando no, quieren ser autoritarios. Los invito a que la extinción de los órganos autónomos lo hagamos con una consulta popular, al final son los métodos que ustedes están utilizando, los reto”, expresó el panista.
Pausa en extinción de autónomos por cambios
En tanto, el coordinador parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, confirmó la decisión tomada desde el día anterior, de pasar el debate de extinción de autónomos a la siguiente semana.
Afirmó que esto obedece a que se están analizando posibles cambios al proyecto, los cuáles no precisó, y que podrían surgir de los acercamientos que ha tenido, en calidad de líder morenista y como presidente de la Junta de Coordinación Política, con representantes de distintas instituciones autónomas.
Prisión preventiva oficiosa
El dictamen con cambios al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, prevé agregar más delitos a la lista de conductas a las que aplica esa medida cautelar.
Las figuras agregadas serán la extorsión, el narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas.
También la defraudación fiscal, el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Asimismo, el texto establece que no se permitirán las interpretaciones de la ley, por lo cual los órganos del Estado “deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.
El proyecto agrega en artículos transitorios que los estados de la República tendrán hasta un año para realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con lo dispuesto.
Al respecto, el diputado Monreal Ávila señaló que ese proyecto también podría tener ajustes, y retirar de la lista los delitos de defraudación fiscal y narcomenudeo.
Eliminación de autónomos
La reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, que ya se pospuso hasta la siguiente semana, prevé ajustes a diversos artículos del texto fundamental, para establecer que será el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el que se encargará de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.
Eso implica la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Extingue a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y traspasa sus funciones a la Secretaría de Economía (SE).
Elimina al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL y entrega sus tareas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Desaparece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI.
La reforma reparte las tareas de esa instancia, entre la Secretaría de la Función Pública (SFP), que de acuerdo a una reforma a la Ley Orgánica presentada posteriormente por la Presidenta, cambiará a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Dicha dependencia se encargará del acceso a la información y la protección de datos personales en lo referente a la administración pública federal.
También distribuye las tareas de INAI entre el órgano de disciplina del Poder Judicial, los órganos de control de otras instancias constitucionales y las contralorías del Congreso de la Unión.
La información de los partidos políticos será tutelada por el Instituto Nacional Electoral (INE); la de sindicatos, por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
La protección de datos personales en posesión de particulares, quedará en manos del Ejecutivo Federal.
Extingue la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y traspasa sus funciones a la Secretaría de Energía (SENER).
También termina con el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), y pasa sus funciones a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Reorganización administrativa
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal consiste en una “reingeniería” administrativa y la reformulación de funciones de distintas dependencias, para generalizar la política de austeridad.
También tiene como fin generar ahorros y evitar duplicidad de funciones.
Incluye la creación de una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal; la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; la Secretaría de las Mujeres y el cambio de la Función Pública a Secretaría Anticorrupción.
Asimismo, contempla el fortalecimiento de las atribuciones de otras dependencias como Gobernación (SEGOB), que asistirá a la titular del Ejecutivo, en la elección de integrantes del Poder Judicial.
Refuerza a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para que coordinen las acciones de vigilancia y protección de las instalaciones estratégicas, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre los puntos centrales de la reforma, se facultará a la Secretaría de Seguridad a tomar las medidas necesarias para realizar la investigación y persecución de delitos basada en inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, práctica de operaciones especiales y aprovechamiento de la tecnología en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, se coordinará con las policías estatales con fines de investigación y persecución del delito; con el Poder Judicial federal y los poderes judiciales de las entidades y las fiscalías estatales.
Aunado a que coadyuvará con diligencias ministeriales y judiciales.
