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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó sobre la clausura de ejecutó 11 aserraderos que operaban en la ilegalidad, esto como parte de un operativo de acciones simultáneas de inspección y vigilancia en aserraderos ubicados en 13 estados con zonas críticas forestales.
La autoridad detalló que se aseguraron más de 482 metros cúbicos de madera (pino, parota y algunas especies tropicales), dos vehículos y 15 maquinarias de aserrío (torres, motosierras, carros de empuje, bancos, péndulos, cepillo, canteadoras, enchapadoras, entre otros).
En cada una de las instalaciones visitadas se revisaron las autorizaciones que acreditan el legal funcionamiento; se cuantificó el volumen de madera en existencia y se cotejó que coincidiera con los documentos que acreditan su legal procedencia.
Las acciones de inspección se llevaron a cabo (y, en algunos casos, continúan) en: Campeche (Escárcega), Chiapas (Tuxtla Gutiérrez), Chihuahua (zona central), Ciudad de México (Ajusco-Lomas de Tepemecatl), Durango (Pueblo Nuevo, dos operativos), Estado de México (Zempoala-Ocuilan), Hidalgo (Acaxochitlán), Michoacán (Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca), Morelos (Zempoala-Huitzilac), Nuevo León (Galeana), Quintana Roo (Carrillo Puerto), Tlaxcala (Zona de Influencia del Parque Nacional La Malinche) y Yucatán (zona sur).
Es importante subrayar que no se encontraron irregularidades en los aserraderos de Galeana, Nuevo León, y Carrillo Puerto, Quintana Roo, donde las instalaciones contaban con las autorizaciones de funcionamiento correspondientes y la madera que almacenaban coincidía con su registro de entradas.
La PROFEPA, que dirige Mariana Boy, se hizo acompañar por instituciones de seguridad tanto estatales como federales, entre ellas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Sedena.
Agregó que como los procesos de revisión continúan en algunas de las entidades por lo que habrá una actualización de la información la siguiente semana.
Se subrayó que las principales amenazas que los bosques enfrentan y competen a la Procuraduría combatirlos son: la extracción y los cambios de uso de suelo ilegales.
La tala ilegal no solo amenaza a los ecosistemas forestales, sino que además debilita la organización de los dueños de los territorios y representa una competencia desleal para los emprendimientos forestales comunitarios legales y sustentables.
