Miguel Ángel Berlini, un hombre de 64 años, murió el miércoles pasado en medio de un episodio que por ahora no tiene explicación: fue a hacerse un implante dental a una reconocida clínica del barrio porteño de Belgrano y perdió la vida. La Justicia detuvo a dos médicos e investiga si hubo mala praxis. Además, clausuró el lugar.
Fuentes policiales indicaron a Infobae que Miguel murió dentro de la Clínica Robles, ubicada en la calle Virrey del Pino al 2530. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Berlini permaneció inconsciente al finalizar el procedimiento odontológico.
Frente a la ausencia de respuesta, los dos médicos presentes —un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57— aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin lograr revertir la situación.
Minutos después, personal del SAME constató la muerte del hombre hacia las 16:40. Cuando llegaron los policías a la clínica, el paciente se encontraba en la sala quirúrgica.
El lugar no mostraba signos de violencia ni desorden, mientras que su hermana —quien fue la que realizó la denuncia— informó que Miguel no tenía enfermedades de base conocidas.
Según las fuentes consultadas por este medio, por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº59, a cargo de la fiscal Laura Belloqui, se dispuso la detención de ambos médicos involucrados.
Además, ordenó el secuestro de sus credenciales profesionales y de la historia clínica, y dispuso la clausura y faja del consultorio, así como el traslado del cuerpo para la autopsia, cuyo resultado determinará exactamente por qué murió. La causa quedó calificada como homicidio culposo, mientras continúa la investigación.
Según trascendió, Bellini vivía en la localidad bonaerense de Villa Adelina, partido de San Isidro. De acuerdo con registros previsionales, su actividad principal era la de servicios de preparación de comidas para llevar, que incluye rotiserías, casas de empanadas y pizzerías sin consumo en el local.
Estaba inscripto en la obra social de los empleados de comercio y actividades civiles. Asimismo, era chofer de una aplicación de transporte de pasajeros. Estaba separado de la madre de sus hijas.
En Córdoba, esta semana se conoció que investigan la muerte de una beba recién nacida. Ocurrió en la Nueva Maternidad Provincial, donde se avanzó con el primer allanamiento ordenado por el fiscal Ernesto De Aragón, quien confirmó la incautación de historias clínicas, antecedentes médicos y registros internos del centro de salud
Este procedimiento se enmarca en una causa que no solo abarca el fallecimiento reciente, sino también otras dos denuncias similares bajo la misma jurisdicción, una presentada hace pocos meses y otra el año pasado, según informó De Aragón a El Doce.
El fiscal precisó que, durante el fin de semana pasado, no se registraron nuevas muertes de características semejantes, descartando así una versión difundida en medios locales.
Además, De Aragón señaló que el defensor de una denunciante anterior le anticipó que en los próximos días otras mujeres presentarán sus casos ante la Justicia. En el marco del allanamiento, la Policía secuestró documentación vinculada a neonatos fallecidos en el pasado, aunque estos episodios aún no han sido judicializados.
“Estamos investigando la muerte de varios bebés, pero eso no quiere decir que entre sí tengan un vínculo o que estén sucediendo más de lo habitual”, declaró De Aragón a El Doce, subrayando la necesidad de cautela en la interpretación de los hechos. El fiscal también dispuso la realización de una autopsia a la beba fallecida, con el objetivo de determinar si el deceso se debió a un accionar médico inadecuado o a causas naturales.
El caso que motivó la apertura de la investigación ocurrió el sábado 15 de noviembre, cuando Evelyn, una joven de veinte años, ingresó al hospital con un parto normal programado, pero fue derivada a una cesárea.
Según la denuncia presentada por la familia, representada por el abogado Juan Cruz Soria, los profesionales que intervinieron en la cirugía se mostraron inseguros y no habrían actuado correctamente. La madre y sus allegados sostienen que la muerte de la bebé fue consecuencia de una mala praxis y mencionan la posible participación de pasantes en el procedimiento.
Por su parte, el Ministerio de Salud sostuvo que la intervención fue realizada por médicos residentes bajo la supervisión directa de una ginecóloga con dieciocho años de experiencia, y aseguró que la bebé ya no presentaba signos vitales al momento de ser extraída del útero. Esta versión fue reiterada en varias oportunidades por la cartera sanitaria, que defendió la idoneidad del equipo actuante.
La causa, que sigue bajo la órbita de De Aragón, permanece abierta mientras se analizan los documentos incautados y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.
