Pedro Castillo, el profesor de sombrero de copa alta que representó la esperanza de las regiones excluidas, ha sido condenado este jueves a 11 años y 11 meses de cárcel por el delito de conspiración. Hace tres años, el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente dio un mensaje a la nación, con las manos temblorosas. Disolvió el Congreso, instauró un gobierno de excepción, decretó un toque de queda y anunció la reorganización del sistema de justicia. El país entró en caos. Castillo había dado un autogolpe, tal como Alberto Fujimori en 1992.
Pero su maniobra política apenas duró un pestañeo. No hubo tanques de guerra en las calles. Las Fuerzas Armadas le dieron la espalda y el maestro sindical fue arrestado mientras se dirigía a la embajada de México para asilarse. El Congreso lo vacó por incapacidad por amplia mayoría y nombró a Dina Boluarte como su sucesora. Hubo quienes dijeron que estuvo drogado, que no estaba en sus cabales. Sus abogados y sus simpatizantes negaron que el golpe existió. En todo este tiempo han sostenido que solo fue una tentativa porque nadie disparó una sola arma y que más bien Castillo ha sido una víctima de la clase política y los grupos de poder, quienes nunca le dieron la posibilidad de gobernar.
Nacido en la serranía norte de Cajamarca, Pedro Castillo ganó sorpresivamente las elecciones de 2021. No figuraba en las encuestas e incluso algunos periodistas ironizaban sobre sus chances. Pasó a segunda vuelta con menos del 20% del electorado, en una contienda donde el voto se fragmentó hasta la mínima expresión. Postuló por el partido Perú Libre tras la inhabilitación de su líder Vladimir Cerrón, un médico de tendencia marxista-leninista. Aunque en más de una ocasión rechazó la etiqueta de comunista, Castillo no pudo desmarcarse del todo del fundador de su agrupación. De todas formas, le alcanzó para derrotar a la heredera de Alberto Fujimori, su hija Keiko.
En casi 500 días de mandato, el profesor de escuelas rurales fue empapelado por denuncias de corrupción y fue acusado de llevar a cabo sesiones clandestinas fuera de Palacio, además de favorecer a sus familiares. Nombró a 78 ministros, una alta rotación que refleja la inestabilidad de su periodo. El empresariado lo vio siempre con ojeriza y ello se tradujo en la disminución de las inversiones privadas y la desaceleración del crecimiento económico. Si bien no perdió el apoyo de las clases populares, un sector de la izquierda se mostró decepcionada porque su candidato no fue capaz de marcar un punto de inflexión.
El Poder Judicial ha determinado este jueves que Castillo sí cometió el delito de conspiración, junto a Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros y quien detentaba el mismo cargo aquel 7 de diciembre de 2022: Betssy Chávez. Según el juzgado, ambos no solo conocían plenamente el contenido del mensaje a la nación, sino que participaron en su elaboración, en Palacio. Chávez, además, convocó a los ministros, en un día que consideró “histórico” y también hizo ingresar de manera irregular a un grupo de periodistas. Chávez está refugiada en la embajada de México en Lima hace casi un mes a la espera de un salvoconducto que el Ejecutivo se resiste a entregar, y que ha desencadenado una crisis diplomática con el país presidido por Claudia Sheinbaum.
En un intento desesperado, la defensa de Pedro Castillo pidió anular el juicio antes de la lectura de sentencia por “advertirse una afectación grave e insalvable a las garantías de imparcialidad e independencia judicial”. El tribunal, en tanto, ha acreditado que el expresidente “atentó contra los poderes del Estado y el orden constitucional” y que intentó huir a la embajada de México por lo que fue detenido “en flagrancia delictiva”. Eso sí, durante la audiencia, el juzgado se decantó por tipificar el delito como conspiración y no como rebelión debido a que no se concretó un alzamiento en armas.
Si bien la Fiscalía había solicitado 19 años para el exmandatario por el agravante de ser el primer funcionario del país, el juzgado le aplicó once años, once meses y quince días de prisión al no contar con antecedentes. Además de una inhabilitación de dos años para el ejercicio de un cargo público. El tribunal ha sentenciado con la misma pena a Betssy Chávez, aunque a ella la protege el asilo diplomático concedido por el gobierno mexicano.
