La titularidad de la Fiscalía General de la República está vacante, como la justicia en México. Y no solo por la abrupta salida de Alejandro Gertz Manero, sino por el estado de abandono y disfunción del órgano encargado de investigar y perseguir los delitos federales en un país plagado de víctimas. En México hoy no hay fiscal como no hay justicia, y el escándalo es que ese no sea el motivo detrás del relevo o el revuelo.
Analizar lo sucedido la jornada de ayer, tiene muchas dimensiones y la política es sin duda de las más relevantes. Sin embargo, no es la única y en este momento, quizás tampoco sea la más importante si nuestra verdadera intención es atender la inseguridad, la violencia y la impunidad. Por ello, en las siguientes líneas quisiera ofrecer algunos datos que nos regresen a la discusión que importa, que es aquella sobre el estado de la procuración de justicia en México, para que con ellos podamos evaluar el trabajo de la Fiscalía y devolver seriedad a los procesos de designación de quienes aspiran a dirigirla:
De acuerdo con los Censos Nacionales de Procuración e Impartición de Justicia Federal del INEGI, el desempeño de la FGR entre 2019 y 2024 dejó mucho que desear. En estos años la fiscalía habría investigado menos, judicializado poco y logrado apenas una raquítica minoría de sentencias condenatorias en los casos que litigó.
Según la misma fuente, el número de investigaciones que abrió la FGR por delitos federales cayó de 98,000 en 2019 a poco más de 78,000 en 2024. Por su parte, y aunque las determinaciones subieron temporalmente entre 2019 y 2021, indicando que el ministerio público decidió en un mayor número de casos si continuar -o no- con la investigación, dichas determinaciones resultaron mayoritariamente en el no ejercicio de la acción penal ante la falta de pruebas. Tan solo en 2024, 66,7% de las casi 92.000 determinaciones que se registraron en el ámbito federal resultaron en la no continuación del proceso y solo el 17% activaron el ejercicio de la acción penal. Es decir, la Fiscalía no solo investigó menos, sino que en seis de cada diez casos que revisó no tuvo elementos suficientes para judicializarlos.
Finalmente, de aquellos casos que sí se investigaron y sobre los que se determinó ejercer la acción penal, solo una ínfima minoría llegaron a tribunales y aún menos resultaron en sentencias condenatorias. En 2024, la FGR logró llevar 363 casos ante un juez y de estos obtuvo sentencias condenatorias en apenas 216.
Estos indicadores no son los únicos a mirar. México Evalúa ya anotaba en 2024 que la Fiscalía mostraba una dependencia preocupante a la flagrancia para poder judicializar sus casos, carecía de un plan estratégico de procuración de justicia y de otros instrumentos como sistemas de evaluación de resultados, y que estas deficiencias no se podían atender si permanecía la constante reducción de personal. Desde México Unido Contra la Delincuencia señalamos también la falta de voluntad del fiscal para lograr que el Senado votara a los cinco integrantes de su Consejo Ciudadano.
Otros ejemplos de cómo la actuación de fiscal y Fiscalía fueron contrarias a la justicia y mostraron un profundo desdén hacia las víctimas incluyen:
La no objeción a la reforma a la propia Ley Orgánica de la FGR, que obstaculizó el derecho de las víctimas a coadyuvar en la investigación de sus casos y dejó a discreción del Ministerio Público la posibilidad de recibir las pruebas aportadas por ellas o de llevar a cabo actos de investigación solicitados por las víctimas; el caso de Alejandra Cuevas, donde el fiscal dispuso de manera facciosa de la institución para fabricar un delito que no existió y privar de la libertad a una persona inocente que recuperó su libertad hasta que intervino la Suprema Corte; y los ofensivos casos de la exoneración del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto, detenido en Estados Unidos. O el desaseo con el que se trató la evidencia en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán y la incapacidad de investigar correctamente lo mismo el desfalco millonario a Segalmex que la red criminal de La Barredora o el feminicidio de Debanhi Escobar, así como la inhabilidad para lograr sentenciadas en el caso Odebrecht o el espionaje con Pegasus.
Dado el estado de las cosas es un deber ciudadano exigir designaciones profesionales y un verdadero compromiso institucional con la justicia. No hacerlo la mantendrá vacante.
