Pongamos que las 83 personas a las que ha matado Trump en el Caribe en los dos últimos meses estuvieran transportando drogas. No hay pruebas de que lo hicieran pero, técnicamente, tampoco hay pruebas de que no. Podrían haber sido pescadores, como aseguran sus desoladas familias. Pero también podrían haber sido pescadores pobres dispuestos a cobrar 300 dólares por llevar un pequeño cargamento de cocaína a algún sitio. No sería la primera vez. Pero, si fuera una operación contra el narcotráfico, el protocolo estándar de interdicción marítima no es volarlos en pedazos y rematar a los supervivientes con un segundo misil. El protocolo es detener, inmovilizar y capturar las embarcaciones sospechosas, disparando a la propulsión para paralizar el bote y detener a la tripulación.
En una operación antidroga, la prioridad es interrogar a los traficantes y acumular inteligencia hasta llegar a los financiadores y líderes de los carteles, que no sangran una gota por la destrucción de un barco de pesca. Y, si son culpables, juzgarlos y aplicar las penas correspondientes, que en ningún caso sería la pena de muerte. En EE UU, la ley federal establece un máximo de cadena perpetua, incluso para los grandes capos de la droga. Hasta El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, ha sido recientemente juzgado y condenado a cadena perpetua. Un hombre que ha ordenado asesinatos, torturas y ejecuciones directas contra rivales, desertores, policías y civiles. No un pescador.
Incluso si Trump estuviera librando una “guerra contra el narcotráfico” y eso no fuese metáfora sino una guerra de verdad, la Resolución de Poderes de Guerra, aprobada en 1973, obligaría al presidente a obtener la aprobación del Congreso en un plazo de 48 horas para cualquier acción militar de más de 60 días que implique el despliegue de tropas estadounidenses en “zonas de hostilidades”. Funcionarios de Trump han explicado que no se aplica porque en ningún momento se ha puesto en peligro la vida de personal estadounidense, confirmando que no es una guerra. No hay dos bandos armados en combate directo, sino un Gobierno grande asediando a otro mucho más pequeño con sanciones, bloqueos, despliegues militares y violencia letal.
Si fuese una operación contra el narcotráfico, estarían atacando en el Pacífico. La Agencia de Control de Drogas estadounidense estima en sus propios informes que el fentanilo entra por México y que el 74% de la cocaína que llega a EE UU lo hace por el Pacífico. Solo el 8% llega en lanchas rápidas desde las islas del Caribe. Aunque Venezuela es un país de tránsito para parte de la cocaína que viene de Colombia, es la que va camino de Europa.
Finalmente, si Trump estuviera en guerra contra el narcotráfico no indultaría al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández quien, a diferencia de las 83 personas asesinadas, fue detenido, juzgado y condenado a 45 años de prisión en EE UU por conspirar para meter cocaína en ese país. Pero mientras dejamos que el público se entretenga debatiendo si en esas barcas había droga o no, dejamos pasar el titular: Trump está ordenando ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales para forzar un cambio de Gobierno en el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, 5,5 billones de metros cúbicos de gas natural, e importantes reservas de minerales metálicos y estratégicos para la industria tecnológica y la carrera por la supremacía en la inteligencia artificial.
