Es un texto burocrático, pero parece una carta de queja. En ella se dice que los sensores que auscultan la seguridad de los cientos de presas que componen la red del Estado se “han descuidado durante años”. Que por eso “se sabe poco sobre su comportamiento y el de sus cimientos”. Que eso se debe corregir “por la vía más urgente posible”. Y que las instalaciones están “perdiendo el tren que lleva a disponer de unas comunicaciones modernas”. Las quejas, recogidas este miércoles por el BOE, que ha publicado la licitación de un contrato de 1,2 millones de euros para impulsar un programa piloto que actúe sobre diez presas sin identificar, retumban en el contexto de la dana que golpeó a la Comunidad Valenciana en 2024: la presa de Forata, que en ese momento tenía 35,632 hectómetros cúbicos sobre el nivel del mar, estuvo al borde del colapso. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha confirmado a EL PAÍS que no se han decidido las diez presas que formarán parte del estudio.
España es una potencia hídrica, con alrededor de 2.500 presas, de las que 1.300 se consideran grandes. De ellas, 375 son de titularidad estatal. Sin embargo, la situación de estas últimas tiene riesgos: un tercio (112) necesita refuerzos estructurales urgentes, el 65% necesita renovar o sustituir sus sistemas de auscultación y vigilancia, un 50% debe rehabilitar los desagües de fondo, y tres de cada cuatro no cuentan con planes de emergencia. Este es el análisis que hace la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Asociación Caminos) a partir de los datos del Estado, frente a lo que pide aumentar la inversión en estas infraestructuras y crear un Consejo de Seguridad de las Presas independiente. El Ministerio para la Transición Ecológica defiende que “ha impulsado numerosas actuaciones orientadas a reforzar la seguridad de las presas existentes en nuestro país”.
Pero los datos son los que son. El 16% de las grandes presas en España supera los 60 años de antigüedad y más de un tercio tiene más de 40, según información del propio gobierno, que ahora se centra en lograr mejoras en una decena, sin que haya aclarado cuáles son en el momento de publicación de este artículo.
El proyecto incluye modernizar las viejas presas mediante la revisión de sensores, datos y procedimientos con las que se pueda garantizar su seguridad. Al tiempo, es un grito de insatisfacción con la rúbrica del jefe de área de presas, y el apoyo de la directora general del Agua, según documentación vista por EL PAÍS.
Las presas estatales precisan “de una profunda revisión, no solo en relación con el estado en el que se encuentran sus sistemas de auscultación, sino también con las necesidades de implantar nuevos sensores acordes con el estado del arte en esta materia y con las actuales tecnologías”, se lee. “Todo indica que es preciso acometer un importante programa de inversiones para adecuar los sistemas de auscultación de las presas de titularidad estatal”, se sigue. Y se lamenta: “Es probable, dada la situación existente, que un ataque frontal al conjunto de problemas resultase poco alentador en sus resultados, por la enormidad de los medios a poner en juego y por la dificultad de diseñar tan sofisticada solución”.
Para paliar la situación en diez presas, que actuarán como un programa piloto, se incorporarán sensores y sistemas de auscultación con tecnología avanzada, lo que permitirá hacer una vigilancia en tiempo real, reduciendo la posibilidad de errores y mejorando la capacidad de respuesta ante cualquier anomalía.
Los sensores de auscultación instalados requieren un esfuerzo de mano de obra especializada para mantener su funcionalidad. Es una tarea relevante que ha estado descuidada durante años, según se recoge en el expediente. “También resulta necesario tener un diagnóstico en relación con la calidad y el alcance de los análisis de comportamiento que se están llevando a cabo actualmente, y que, como ha sido comentado, son absolutamente determinantes para poder obtener un pronunciamiento en relación con la seguridad con la que la presa realiza sus funciones”, se añade. “Además del análisis de los datos obtenidos realizado periódicamente, generalmente con carácter anual, es importante que el informe considere el estudio del comportamiento de las presas en circunstancias excepcionales, dado que suelen obtenerse valiosas conclusiones”.
En el documento también se expone que es elevado el número de instalaciones hidroeléctricas de las que “se sabe poco sobre su comportamiento y el de sus cimientos”. El contrato por valor de 1.229.709,71 de euros, tendrá un plazo de ejecución de 24 meses a partir de la fecha de la firma.
El ministerio asegura que la inversión en seguridad de presas ha experimentado un incremento en los últimos años y que en el trienio 2023-2025, se han destinado más de 233,5 millones de euros específicamente a actuaciones vinculadas a la seguridad de presas, distribuidas en distintas líneas prioritarias.
