A veces, los movimientos sociales, ciudadanos e incluso académicos ofrecen resultados. En el caso de la planta fotovoltaica proyectada en el entorno de la Alhambra así ha sido y, finalmente, esta no se construirá. El Ayuntamiento de Granada, que estaba tramitando los permisos de obra, ha cerrado el proceso sin conceder la licencia. Así, la planta, excepto recurso inesperado de la empresa, queda descartada. Recurso inesperado porque es la empresa la que ha provocado el fin del proyecto al no presentar documentación que le requería el ayuntamiento. Esta planta ha tenido en contra desde el principio a los movimientos ciudadanos y a Icomos, el organismo asociado a la Unesco competente en materia de conservación y restauración de ese patrimonio mundial, que emitió un informe totalmente contrario a esta infraestructura por considerar que supondría “un altísimo riesgo de impacto negativo” sobre la Alhambra.
El entorno de la Alhambra, el Generalife y el barrio del Albaicín, en Granada, es un todo para la Unesco inscrito en su lista del Patrimonio Mundial desde 1984. En ese año se incluyeron la Alhambra y el Generalife y en 1994 se sumó a ellos el Albaicín. La planta fotovoltaica, que iba a construirse en el Fargue, un barrio en zona rural al noroeste de la capital, no suponía ninguna afectación material o física, pero al encontrarse en su ámbito de visión, sí existía ese riesgo “altísimo”, según Icomos, de contaminación visual, algo que también es necesario evitar en estos casos.
Según ha informado Enrique Catalina, concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias del ayuntamiento granadino, el proyecto se ha desestimado ante la falta de respuesta de la empresa ante las deficiencias detectadas en su propuesta. El ayuntamiento había pedido a la empresa promotora nueva documentación que la empresa no ha entregado. En concreto, se refería a un requerimiento para que mostrara el terreno total del que disponía. Catalina ha explicado que la planta debía ocupar un 20% de la propiedad, lo que requería tener en su poder aproximadamente medio millón de metros cuadrados. El ayuntamiento le solicitó prueba de esa propiedad lo que la empresa no ha podido demostrar, con lo que decae la licencia y el proyecto.
El concejal ha recordado que nunca han tenido gran entusiasmo por esa planta, pero que estaban obligados a hacer el trámite y, en su caso, si se cumplían los requisitos legales, otorgar la licencia. Los colectivos y asociaciones contrarias al proyecto siempre han considerado que esa era una excusa y que el ayuntamiento podría haber parado el proyecto si hubiera tenido interés.
El autor del informe de Icomos es José Castillo Ruiz, catedrático de la Universidad de Granada. Al conocer la noticia del fin del proyecto, Castillo Ruiz ha considerado que era “una gran noticia, resultado de la movilización ciudadana, que ha trabajado este tema con rigor, seriedad y continuidad”.
