El Estado de Guanajuato, en el centro norte de México, y el Gobierno federal invertirán 15.000 millones de pesos en construir una de las obras hídricas más ambiciosas de los años recientes: el acueducto Solís-León. Se extenderá a lo largo de 187 kilómetros y la gobernadora de esa entidad, Libia Dennise García Muñoz Ledo, proyecta que se convertirá en la presa “más grande del país”. Sin embargo, pese a insistir en el beneficio que llevará a las poblaciones del suroeste del Estado, agricultores, productores, organizaciones civiles y defensores del medio ambiente y de derechos humanos lo consideran una amenaza. “Nos inquieta que un Gobierno federal que habla del respeto al ambiente, de una científica que gobierna el país, esté afectando los sistemas ambientales de nuestra zona. Consideramos esta obra como un ecocidio”, dice Juan Manuel Ayala López, portavoz del Observatorio de Derechos Humanos Fray Raúl Vera López.
Las protestas comenzaron hace poco más de cuatro meses. Y se fueron intensificando con el paso de las semanas en un malestar generalizado que también fue nutriéndose de las manifestaciones de campesinos y transportistas en varios puntos del territorio mexicano. El anuncio del inicio de las obras del acueducto Solís-León, que hizo en septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum, encendió las alarmas y habitantes de diferentes puntos de Guanajuato comenzaron a mostrar su molestia, sobre todo, porque no fueron consultados.
“Se hizo sin la famosa consulta previa, informada y libre que debe de hacerse con este tipo de proyectos que afectan las comunidades. Todo se hizo como a escondidas. Incluso se ha reservado por cinco años la información oficial sobre el proyecto; eso también le causó a la gente mucha desconfianza, nos preguntamos por qué se esconde algo que a todos nos debe interesar”, denuncia Ayala López, que además de ser vocero del observatorio de derechos humanos, es uno de los integrantes del colectivo de la sociedad organizada en defensa de la presa Solís.
El acueducto —que abastecerá de agua a los municipios guanajuatenses de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León— no llega solo con la resistencia de la sociedad civil. Además, está reviviendo una disputa entre Guanajuato y su vecino Jalisco que viene de décadas atrás, cuando la construcción de la presa El Zapotillo, en territorio jalisciense, abrió una pelea por la repartición del agua, que terminó con un decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2021, que excluyó a Guanajuato y se enfocó en abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara.
Ciudadanos y ediles de la zona de la ribera del lago de Chapala, en Jalisco, han interpuesto unos 5.000 amparos en contra del acueducto, algunos miles de ellos respaldados por el gobernador Pablo Lemus, que públicamente ha mostrado su preocupación por el proyecto. El pasado 2 de noviembre, en un video compartido en sus redes, Lemus lanzó: “No podemos permitir la construcción del acueducto porque esto afectaría las derivaciones del lago de Chapala y esto sería algo muy delicado. Nos tenemos que unir.”
Estimaciones de los colectivos de Guanajuato que se han unido para protestar y exigir que las obras que ya han comenzado se detengan, calculan que ahora mismo, en ese Estado, la población afectada ya ronda en las 800.000 y un millón de personas, entre ellas, unos 25.000 campesinos.
La promesa de la tecnificación
El argumento principal del Gobierno federal y del estatal es la tecnificación. Tanto la gobernadora García Muñoz Ledo como la presidenta Sheinbaum han asegurado que es mentira que se quiera quitar el agua a poblaciones para beneficiar a otras y han acusado a los inconformes de no estar lo suficientemente informados sobre los beneficios del proyecto.
La tecnificación de riego (TR) del Distrito de Riego 011 —en el Alto Río Lerma, Guanajuato— se refiere a un proceso de modernización de infraestructura agrícola aplicando sistemas que disminuyen el consumo de agua en parcelas, prometen ahorrar tiempo para otras actividades y mayores ingresos para los agricultores, si se ponen en marcha sistemas más eficientes como aspersión y goteo. Y aunque en el discurso queda claro, los habitantes de las regiones afectadas y agricultores tienen todavía muchas dudas.
Productores de Acámbaro, Salvatierra, Jerécuaro y otros municipios han rechazado rotundamente la construcción del acueducto y aseguran que su desconfianza en la tecnificación viene de la promesa gubernamental de que el proyecto estaría terminado en 2028, mientras que la tecnificación concluiría hasta 2029. “¿El año que no llueva, qué vamos a hacer nosotros?”, cuestiona Raúl Jasso, uno de los delegados de los productores locales.
Ayala López recalca la preocupación. “El famoso manifiesto de impacto ambiental que señala el Gobierno del Estado para realizar la obra lo consideramos una burla, porque es un documento que se basó en otro documento. Como que lo hicieron a la carrera de manera no profesional o como para cumplir el requisito e incluso tiene errores muy graves. Habla de que se va a llevar por esa ribera del río Ameca, no del río Lerma. El río Ameca está en Veracruz”, dice, con una risa preocupada.
Además, insiste en que esta obra ha sido el sueño de muchos empresarios que durante años han sido ignorados en sus intenciones de abastecer principalmente a la zona industrial del Estado, en León y sus alrededores. “Todo mundo sospechamos que esta agua, que es de riego y que el Gobierno menciona que es para uso doméstico y agrícola, va realmente para las industrias y para los poderosos industriales de León, donde se concentra la mayor cantidad de industrias del Estado y donde viven grandes empresarios, entre ellos, exgobernadores que tienen concesiones de agua y que es una población que tiene una crisis hídrica desde hace muchos años”.
El obispo Raúl Vera, una de las caras más críticas al proyecto, ha firmado una carta el pasado 10 de noviembre en donde hace un llamado a la población para unirse y frenar la construcción del acueducto y en la que reprocha al Gobierno su decisión: “Con el acueducto se pretende suplir el agua que nunca llegó de la presa El Zapotillo, proyecto que amenazó la existencia de tres comunidades de Jalisco: Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Esas poblaciones continúan su proceso de reestructuración tras la traición y miedo que sembraron las autoridades. […] Detrás de esas palabras se oculta un grave peligro: el desvío de 120 millones de metros cúbicos de agua al año, que pondrían en riesgo el caudal que alimenta al Lago de Chapala y, con ello, la viabilidad misma del ecosistema que da vida a miles de familias”.
El comité de transparencia del Poder Ejecutivo de Guanajuato clasificó como información reservada por cinco años los documentos clave del proyecto. A esto se suma el temor de los colectivos de la posible implicación de la compañía nacional de agua de Israel, Mekorot, asesora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en México desde hace varios años. También la desconfianza en el estudio de impacto ambiental presentada, aseguran, de forma rápida, improvisada y con muchos errores, para justificar la obra.
“Nuestra oposición no es al derecho humano al agua, sino al uso injusto y deshonesto del agua, que despoja a los más pobres para beneficiar a quienes ya concentran la riqueza”, ha dicho el obispo Vera. Ayala concluye: “Nosotros les decimos a las autoridades competentes de los tres niveles de Gobierno que están involucradas que exigimos la suspensión del proyecto de forma inmediata”.
