El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, expresó a través de un comunicado durante este fin de semana que la organización se va de Ciudad de México y se traslada a la sede en Nueva York, “por incertidumbre jurídica, la actual situación de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas que han comprometido el marco institucional necesario para la estabilidad operativa a largo plazo y la proyección global”, según se lee.
Rocha Cantú, enmarañado en una red de corrupción y tráfico de huachicol —combustible— desde que la tabasqueña Fátima Bosch se coronó en el certamen de belleza en noviembre de este año, explicó que la presencia administrativa en México de la organización se estableció, originalmente, para apoyar a la sede en Nueva York y para convertirse, a mediano plazo, en una base operativa global.
La iniciativa también buscaba generar empleo, impacto económico para el país y oportunidades de proyección internacional, según se lee en el comunicado. “Sin embargo, México ha perdido esta oportunidad”, y añade, “el personal existente será reubicado, siempre que sea posible o se contratará a nuevo personal”. El comunicado concluye con agradecimientos sinceros a los países que han demostrado su apoyo, confianza y apertura.
Este es el último movimiento del presidente de Miss Universo luego de ubicarse por semanas en el centro de una lista de controversias que se originaron tras la victoria de su compatriota. Primero fue señalado, por uno de los miembros del jurado, de cometer fraude en la final del certamen de belleza celebrado en Tailandia y terminó por destaparse una red de tráfico de armas, drogas y combustible, una investigación y una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Rocha Cantú.
Como informó este diario, el tema más reciente se ha dado tras la ruptura entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), una de las principales patronales del país, y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) por los supuestos vínculos del primer organismo con Raúl Rocha Cantú. Una investigación de la FGR a la que tuvo acceso EL PAÍS, acusa al empresario de fungir como una especie de socio capitalista de un grupo del crimen organizado, al que presuntamente financió con al menos cinco millones de pesos. Esta red de contrabando de combustible, además, operó en Tampico al mismo tiempo que la de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del secretario de Marina durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
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