Expulsa CDMX 30 mil familias al año por encarecimiento de vivienda: Inti Muñoz

El Secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz reconoció que el encarecimiento del suelo es la principal causa de los problemas que padece la capital del país en esta materia, lo que ha provocado la expulsión de 30 mil familias al año.

Durante la presentación del Informe Temático “Derecho a la Vivienda de los Grupos de Atención Prioritaria” elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el funcionario local señaló que la vivienda privada más barata tiene un costo de alrededor de 2.5 millones de pesos, cifra inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos.

Señaló que 8 de cada 10 capitalinos no tiene acceso a algún crédito y los que logran acceder a un préstamo, no les alcanza para la casa o departamento más baratos.

Inti Muñoz, señaló que el gobierno local asumió el compromiso de llevar a cabo 200 mil acciones de vivienda, entre construcción de nuevos inmuebles y reconstrucción, así como procesos para generar certeza jurídica a las familias.

“Expulsamos a 30 mil familias al año en estos momentos, el acumulado histórico es de 800 mil familias expulsadas del territorio de la Ciudad de México, ya no a la primera franja de la zona conurbada, hoy este problema lleva que expulsemos a la gente a lugares más allá de esa primera franja, como Zumpango”, afirmó.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez dijo que se requieren políticas publicas que ponderen la atención a los grupos prioritarios.

Sostuvo que el derecho a la vivienda no se agota simplemente con asignar a las personas un espacio físico de cuatro paredes.

“No se agota simplemente con asignar a las personas un espacio físico de cuatro paredes, sino que este debe abarcar el derecho de las personas a espacio seguro y adecuado, que brinde condiciones de seguridad, privacidad, bienestar, salud física y mental”, indicó.

Nashieli Ramírez recordó que el organismo se ha pronunciado respecto al tema a través de 20 recomendaciones.

Dijo que, entre 2010 y 2024, el 35 por ciento de los asuntos asociados al derecho a la vivienda se relacionó con el otorgamiento de espacios sin criterios transparentes o justa asignación; el 26 por ciento por el otorgamiento en condiciones jurídicas que garanticen la seguridad en la propiedad o posesión y el 11 por ciento por desalojo arbitrario o ilegal.