La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitir un pronunciamiento sobre el desacato de la Presidenta de la República al mandato judicial que la conminó a retirar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el texto de la reforma judicial.
La coordinadora Noemí Luna también recriminó los actos de intimidación contra la jueza Nancy Juárez, que emitió el fallo referido.
En un mensaje en redes sociales, la congresista por Zacatecas afirmó que las acciones de la oposición respecto a las modificaciones legales a discusión, en defensa de la democracia, las instituciones, la libertad y la justicia en el país.
“A la opinión pública: Las y los @diputadospan hemos presentado un escrito ante la@SCJN solicitando que se pronuncien de manera clara y contundente ante el desacato de la Presidenta @Claudiashein ¿Llegamos todas? También denunciamos la intimidación y violencia institucional que se ha ejercido en contra de la jueza Nancy Juárez que otorgó la suspensión en contra de la #ReformaJudicial Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del Estado de derecho, la democracia y las instituciones que garantizan la libertad y la justicia en México”, expresó en su cuenta en la red social X, antes Twitter, @NoemiLuna_Zac.
Añadió que la Corte es “guardiana” de la Constitución y no puede permitir que la ilegalidad y la impunidad sean las vías por las que actúe el Poder Ejecutivo.
Respeto a las decisiones judiciales
En una comunicación oficial, la coordinadora Luna Ayala y sus compañeros de fracción, recordaron que han presentado distintos recursos legales ante la Corte con respecto a la reforma judicial, mismas que demandaron atender a la brevedad.
“Urgimos una pronta resolución. La falta de acción ante estos hechos podría debilitar los contrapesos y erosionar la confianza en las instituciones. La SCJN, como máximo garante de la Constitución, debe actuar con celeridad para frenar lo que consideramos un grave atentado contra el Estado de derecho”, expresaron.
Golpe de Estado “disfrazado”
Solicitaron a los ministros de la Corte apresurar las resoluciones pendientes y firmeza, ante lo que calificaron con “un golpe de Estado disfrazado” por parte de la propia Jefa del Ejecutivo Federal.
Ello “mediante el incumplimiento constante de las suspensiones otorgadas. Este comportamiento representa un grave atentado contra el Estado de derecho y vulnera la independencia del Poder Judicial. Esto lo considerados un intento deliberado por socavar el equilibrio de poderes y consolidar un control sin límites desde el Ejecutivo”.
Violencia institucional contra una jueza
En cuanto a los ataques a la jueza que determinó ordenar el retiro de la reforma judicial del Diario Oficial judicial, advirtieron que está sufriendo violencia institucional e intimidación por parte del Estado, comenzando por la Presidenta de la República.
Tras calificar la reforma como una amenaza directa a la democracia en el país, manifestaron su preocupación por la actitud de Sheinbaum Pardo, que en el discurso afirma que con su llegada al poder “llegaron todas”, mismo que se olvida cuando hay resoluciones que obligan al Ejecutivo a cumplir la ley.
“La violencia dirigida hacia una juez que sólo está cumpliendo su labor, es una muestra clara del autoritarismo que se esconde detrás de sus acciones y decisiones políticas. La intimidación, presión y violencia institucional hacia quienes se oponen a las decisiones del Ejecutivo es inaceptable y representa un retroceso para la justicia y la igualdad en nuestro país”, remarcaron.
Es inadmisible que desde el poder se ataque a mujeres que están cumpliendo su labor de administrar justicia.
Se trata de un retroceso grave para la propia justicia en el país, la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la lucha por la participación de las mujeres en la vida pública, que debería ser protegida desde todos los ámbitos gubernamentales.
La independencia judicial es un pilar para la protección de los derechos de los mexicanos y las libertades en el país, al igual que la división de Poderes.
Sentenciaron que ningún Poder debe estar por encima de la ley, por lo que es inadmisible que desde el propio Ejecutivo se incumplan fallos judiciales.
Los panistas en San Lázaro señalaron que dichas violaciones a la norma deberían tener consecuencias legales, porque no sólo ponen en entredicho los compromisos de la Presidenta de cumplir y hacer cumplir la ley, sino que representan ataques a la democracia.
