En el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: apuntes sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de los desaparecidos”, la agrupación Causa en Común señala que “a seis años de su entrada en vigor, el proyecto de búsqueda e identificación de personas establecido en la Ley General en Materia de Desaparición es un fracaso”.
En la Ley se estableció la obligación del Estado mexicano de construir un Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), para coordinar, definir y operar registros para localizar a las víctimas y atender la crisis forense, pero “en sentido contrario, el gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador y diversos gobiernos locales aceleraron el deterioro de las policías, de las fiscalías, del sistema penitenciario y de las comisiones de búsqueda”, apunta el informe.
¿Cuántos desaparecidos hubo con AMLO?
En el pasado sexenio “se registraron 53 mil 261 personas desaparecidas, para un total de 120 mil 628. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) documentó 5 mil 698 fosas clandestinas descubiertas entre 2006 y 2023, de las cuales la mitad fueron localizadas en el sexenio de López Obrador. El 99% de las desapariciones se mantienen impunes”, remarca Causa en Común.
El Sistema Nacional de Búsqueda “no existe, puesto que las comisiones de búsqueda y fiscalías que lo integran padecen por la falta de recursos y respaldo institucional para atender la acumulación de desapariciones, fosas clandestinas y cadáveres sin identificar. Mientras el gobierno federal manipula los registros y minimiza la tragedia, colectivos de madres buscadoras arriesgan su vida en la búsqueda de sus desaparecidos, bajo la presión del crimen organizado y la indiferencia de instituciones incompetentes”, insiste Causa en Común.
La agrupación apremia a “reactivar el Sistema Nacional de Búsqueda, rescatar la independencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, y de otorgar a las comisiones estatales, policías y fiscalías, mayores presupuestos para incrementar sus capacidades humanas y técnicas, y así cumplir con lo establecido en la Ley General”.
El informe del organismo presidido por María Elena Morera, recuerda que mientras que en febrero de 2024, el Senado de la República aprobó un decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se ordenaba que un equipo de especialistas forenses de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) apoyara a una excursión militar en Bocas del Toro, Panamá, para localizar y exhumar los restos de Catarino Garza, general del ejército liberal mexicano, alzado en armas en contra de Porfirio Díaz en 1891, y considerado por López Obrador como un héroe… esta operación de búsqueda, que incluyó el uso de tecnología topográfica de avanzada y análisis genéticos a cargo de personal forense de la Fiscalía General de la República (FGR), costó alrededor de 9.5 millones de pesos. La inverosímil y costosa tarea a la que se vieron arrastradas la CNB y la FGR contrasta con la falta de presupuesto e inoperancia de las instituciones buscadoras y con el silencio oficial ante el sufrimiento de las víctimas de desaparición y de sus familias.
Asimismo, se resalta que “previo a la publicación de la Ley General, en la estructura de la FGR existió la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas, la cual fue reestructurada en 2017 como la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDD). Sin embargo, dicha reestructuración llegó acompañada de recortes a su presupuesto: a partir de 2022 la FEIDD registra aumentos presupuestales mínimos, que no corresponden con el incremento en el número de desapariciones. Desde 2014 hasta 2025, el presupuesto asignado a la FGR para la investigación y búsqueda de personas se ha reducido, sólo en términos nominales, en un 40%. Además, el presupuesto asignado a la FEIDD en 2025 es menor al de la mayoría de las fiscalías especializadas de la FGR, lo que da cuenta del lugar que ocupan las desapariciones entre las prioridades de investigación. El presupuesto asignado a la FEIDD en 2025 es 47% menor al que corresponde a la investigación de delitos contra los derechos de autor, tema que además se repite en dos fiscalías especializadas”.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), administrado por la CNB, hasta el 31 de diciembre de 2024, había un total de 344,592 registros, de los cuales el 65% corresponde a personas que ya han sido localizadas y el 35% a personas que continúan desaparecidas. Esto quiere decir que hay un total de 120,628 personas desaparecidas en México. El 89% de las desapariciones registradas corresponden a los últimos 18 años, coincidiendo con la ola de violencia asociada con el periodo de mayor auge del crimen organizado. Es decir, sólo entre 2006 y 2024, el RNPDNO acumula un total de 107,024 personas desaparecidas.
“Tres periodos caracterizan el comportamiento de las cifras sobre desaparición de personas en los últimos 18 años. El primero, que abarca los años entre 2006 y 2011, se caracterizó por aumentos anuales sostenidos, alcanzando un máximo de 5,145 casos. Un segundo periodo se extiende durante los siguientes cuatro años, hasta 2015, caracterizado por una relativa estabilidad y descensos en el número de desapariciones, promediando 4,364 casos al año. Finalmente, a partir de 2016, comienza un tercer período que se extiende hasta nuestros días, caracterizado por elevados incrementos anuales que rompen máximos históricos. Así, 2024 cerró como el año con la mayor cantidad de desapariciones registradas en la historia, con un total de 13,449”, detalla el informe.
¿Cuáles son los estados en México con más desapariciones?
“Si hacemos el comparativo entre 2023 y 2024, a nivel nacional las desapariciones aumentaron 30%. Las entidades que registraron los incrementos más significativos son: Sonora: +200%; Aguascalientes: +198%; Sinaloa: +129%; Querétaro: +117%; Puebla: +102%; Guanajuato: +98%; Ciudad de México: +98%; Hidalgo: +89%; Chiapas: +78%; y Durango: +75%”, se apunta.
Por género y edad, entre 2006 y 2024, han desaparecido 23,626 mujeres y 14,316 menores de edad a nivel nacional. Las desapariciones de mujeres y de menores de edad alcanzaron máximos históricos en 2024. Llama la atención que, comparando con 2023, el número de mujeres desaparecidas aumentó 54%, mientras que el de menores de edad lo hizo en un 76%.
En un comparativo sexenal, el de López Obrador es el sexenio con el mayor número de desapariciones registradas, 64% más que en el sexenio de Enrique Peña y 215% más que en el sexenio de Felipe Calderón. Teniendo en cuenta el total de registros contenidos en el RNPDNO, resulta que el 45% de las desapariciones reportadas en los tres sexenios, ocurrieron durante el periodo de López Obrador. En el pasado sexenio, el 49% de las desapariciones se concentraron en seis entidades: Jalisco: 6,724; Estado de México: 5,425; Michoacán: 3,758; Ciudad de México: 3,655; Tamaulipas: 3,351 y Nuevo León: 3,256.
El hallazgo de fosas clandestinas se ha convertido en un hecho recurrente en los últimos años. El auge de este fenómeno criminal se ha vuelto particularmente relevante para las labores de búsqueda de personas, dado que la exhumación de cadáveres y restos suele conducir a la identificación de personas reportadas como desaparecidas. Ello subraya la urgente necesidad de incrementar las capacidades forenses de las fiscalías. La ausencia de avances en este rubro explica en buena medida el surgimiento de diferentes colectivos de familiares buscadores.
No existen informes oficiales, exhaustivos y actualizados, que documenten la cantidad de fosas clandestinas halladas y los resultados del procesamiento de los cadáveres y restos humanos recuperados. La falta de estos datos es resultado del incumplimiento de la FGR respecto a su obligación de elaborar el Programa Nacional de Exhumaciones y de operar en tiempo y forma los registros de personas fallecidas no identificadas y de fosas. Ante la inoperancia de las fiscalías para dotar de información sobre los cadáveres y restos humanos hallados en fosas, la CNB ha tenido que crear el Mapa de Hallazgos de Fosas Clandestinas. Desde 2006 hasta abril de 2023 (última fecha de actualización), en todas las entidades del país se han localizado fosas clandestinas, sumando un total de 5,698. Los hallazgos se concentran en: Veracruz (668), Tamaulipas (554), Sinaloa (484), Chihuahua (415) y Colima (351). Además, existen 293 fosas clandestinas en los que no se especifica la entidad de hallazgo.
Pese a que la Ley General establece responsabilidades para la FGR y las fiscalías estatales en materia de identificación de personas, México continúa careciendo de una política integral para el desarrollo de sus capacidades forenses. La inoperancia del Sistema Nacional de Búsqueda, por un lado, ha facilitado que las fiscalías queden rezagadas en el cumplimiento de sus obligaciones de investigación y búsqueda de personas… con cuatro años de retraso conforme al plazo estipulado en la Ley General, en mayo de 2023 se presentaron el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas.
Sin embargo, al cierre de 2024, la FGR no ha reportado avances sobre el estado de operación de ninguno de estos sistemas de información, ni ha generado versiones públicas que permitan evaluar la calidad y consistencia de sus datos. A lo anterior, se añade la omisión de elaborar el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, lo que a su vez se traduce en la inexistencia de protocolos homologados que orienten los procesos de inhumación, resguardo y exhumación de restos humanos pendientes de ser identificados o reclamados. El deficiente seguimiento de las cadenas de custodia y la escasez de recursos financieros y humanos en las unidades forenses del país han provocado que un creciente volumen de cuerpos se acumule en las morgues del país, sin que existan condiciones que permitan su identificación y/o su devolución a sus familiares, siendo este el preámbulo de su inhumación en las fosas comunes, subraya el informe .
De acuerdo con el Módulo de Fosas Comunes (MFC), desarrollado por la CNB, hasta noviembre de 2023 se registraron 23,088 restos humanos en las fosas comunes de 26 panteones en ocho entidades: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Puebla, Sonora y Veracruz. De dichos restos humanos, 12,929 (56%) tiene registrada identidad y datos personales, mientras que 10,159 (44%) continúan pendientes de ser identificados. No existe evidencia de la existencia de protocolos de exhumación que permitan entregar los restos humanos identificados a sus familiares, ni evidencia de que los datos del MFC estén siendo cruzados con los registros del RNPDNO para coadyuvar en las labores de búsqueda, destaca el informe de Causa en Común.
