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Casi 10 días después del hallazgo de un centro de entrenamiento y exterminio de un grupo delictivo en Teuchitlán, Jalisco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fijó una postura sobre este asunto.
El organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra condenó los hechos y criticó a las autoridades municipales y estatales por las graves omisiones en la “protección, investigación y debida diligencia de los delitos cometidos en el lugar”.
En el posicionamiento donde no refiere ninguna responsabilidad de autoridades federales, la CNDH dijo que lo más alarmante es que este descubrimiento se produjo seis meses después de que las autoridades locales, con apoyo de la Guardia Nacional, realizaran un operativo en el mismo lugar sin llevar a cabo una investigación exhaustiva.
Consideró indispensable que autoridades locales, estatales, y federales actúen con prontitud, ya que la sociedad de Jalisco y de todo el país exige respuestas claras ante un contexto donde “algunos medios de comunicación e intereses particulares” promueven la desinformación.
Rechazó que pueda compararse este caso con los campos de exterminio nazi, al aclarar que el responsable era el Estado, lo que no sucede en los hechos de Jalisco.
La Comisión Nacional propuso establecer un registro preciso de las fosas clandestinas, asegurar la cadena de custodia de las evidencias y garantizar una participación adecuada de las familias, en el proceso de búsqueda y justicia.
Invitó a las autoridades federales a brindar apoyo técnico y logístico para la identificación de los restos y evidencias encontradas en Teuchitlán.
Anunció que va a elaborar un informe especial sobre los casos de fosas clandestinas y que ya pidió medidas cautelares en favor de integrantes del colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” y sus familiares.
Asimismo, dio a conocer la atracción del caso del Rancho Izaguirre.
