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Las entidades federativas y municipios deberían tener mayor margen de acción en materia de gastos en servicios personales para seguridad pública, personal médico, paramédico, de enfermería y asociado a la salud, así como quienes sean indispensables para implementar nuevas leyes federales o reformas, pidió la integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Elizabeth Martínez.
La también presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el recinto planteó cambios a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Lo anterior, con el fin de que el gasto en esos rubros pueda ser autorizado sin sujetarse a los límites establecidos.
Quitar límite al gasto en salud y seguridad
La propuesta de reforma indica que la flexibilidad en el gasto en municipios y estados, contempla al personal necesario para brindar atención en materia de seguridad, salud mental, atención a la discapacidad, pacientes con enfermedades renales, diabetes, hipertensión arterial y en general, a los asuntos de salud a nivel local.
Añade que la comprobación y documentación del gasto en esos rubros deberá llevarse a cabo conforme a los reglamentos, lineamientos y normas que se emitan para cumplir ese propósito.
Mantiene la restricción de que el gasto flexible en salud y seguridad autorizado en municipios y estados, no aplicará a personal administrativo.
Ello, con el fin de que las partidas utilizadas se dirijan al personal operativo y éste pueda cumplir sus funciones.
Beneficios de la flexibilidad en el gasto
En la argumentación, la congresista señaló que autorizar la utilización del erario en la atención debida en materia de salud y seguridad, sin los límites que marcan las leyes de disciplina financiera, contribuirá a favorecer el desarrollo de las entidades y alcaldías, así como a garantizar el bienestar de la población.
Martínez Álvarez aseguró que, entre otros objetivos, su propuesta busca mejorar la coordinación en seguridad pública y salud entre los tres órdenes de gobierno.
Permitirá atender emergencias de salud como la pandemia por COVID-19, aseguró.
Se generarán programas de atención a personas con discapacidad, más eficientes y oportunos.
Mejorará la atención de problemas de salud mental de la población.
Se institucionalizarán acciones de seguridad pública y salud a nivel local, garantizando el uso adecuado y ágil del recurso público, con apego a la ley en materia de disciplina financiera y cumpliendo con los principios de transparencia y acceso a la información.
Las entidades y municipios podrán contar con recursos suficientes para capacitar a sus cuerpos policíacos y promover acciones de prevención tanto en seguridad como en salud.
También se podrá contar con el personal suficiente y necesario para cumplir las obligaciones de los gobiernos locales de brindar seguridad y atención oportuna en salud a los habitantes, recalcó.
