Michoacán es siempre impredecible. El estallido de un coche bomba en el municipio de Coahuayana el fin de semana ha enfriado el optimismo del Gobierno de Claudia Sheinbaum, que se alistaba para dar un informe integral del primer mes de implementación del Plan Michoacán, diseñado para pacificar y brindar justicia a una región golpeada por la violencia y la delincuencia organizada.
Las cifras oficiales señalan una disminución de la violencia en Michoacán. Este martes, en la conferencia matutina, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que los crímenes habían caído a nivel nacional, con un 34% menos de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, en el primer año de gestión de Sheinbaum. Pero en Michoacán, las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública muestran que el Estado está entre los siete que concentran más de la mitad de los homicidios del país, con 1.191 casos, que representan el 5,5% de los asesinatos ocurridos a nivel nacional entre enero y noviembre de este año.
La entidad registró 59 crímenes en noviembre, el mes en el que comenzó a implementarse el Plan Michoacán. Es una tercera parte de los 159 registrados en Guanajuato, que sigue siendo el territorio más violento del país. Según el informe, Michoacán se encuentra entre los 26 Estados que redujeron el promedio diario de homicidios dolosos, con menos del 12,9%.
El combate a la violencia, sin embargo, se ha topado con un atentado con coche bomba, que, aunque no inédito, resulta poco habitual. El ataque del sábado ocurrió justo cuando Sheinbaum encabezaba un acto masivo para celebrar siete años de la Cuarta transformación. La explosión en el municipio, justo en la frontera entre Michoacán y Colima, sigue generando confusión. La Fiscalía General de la República dijo en un primer momento que lo investigaría como un “acto terrorista”, después matizó y lo clasificó como un ataque de la delincuencia organizada y este martes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo ha explicado como resultado de la pugna entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Carteles Unidos.
Lo cierto es que la disputa de grupos criminales por el control del territorio michoacano sigue dejando víctimas mortales. En este caso, seis personas, incluidos los dos que estaban a bordo de la camioneta en el momento del estallido. Coahuayana vuelve a poner el foco en Michoacán, apenas un mes después de que la presidenta presentara en Palacio Nacional una ambiciosa estrategia de intervención federal, como respuesta a la indignación provocada por el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan abatido frente a su familia en plena celebración del Día de Muertos.
Para presentar el Plan Michoacán, el pasado 9 de noviembre, la presidenta Sheinbaum se hizo acompañar de todo su gabinete y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el morenista que está al frente de la entidad desde 2021 y al que la situación de violencia e inseguridad lo ha rebasado. El plan, según se informó, incluye el despliegue de 10.506 elementos de la Guardia Nacional, 1.781 de la Marina y 277 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de decenas de agentes de investigación, personal de la Fiscalía General de la República, helicópteros, aviones, drones, buques, patrullas y vehículos terrestres.
La estrategia conlleva una intervención por todos los frentes: desarrollo económico, infraestructura vial, así como de agua potable, programas de bienestar, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres, jóvenes y planes de justicia para comunidades indígenas. En total, el Gobierno anunció una inversión pública de 57.564 millones de pesos en el Estado y una inversión mixta de 39.330 millones de pesos entre 2026 y 2027.
El objetivo, según se dijo, es pacificar un territorio que durante décadas ha sufrido rezagos y violencia, que volvieron a la agenda pública tras el asesinato de Carlos Manzo, pero que no son nuevos. Ya en 2006, el entonces presidente Felipe Calderón decidió iniciar ahí la “guerra contra el narco”, al poner en marcha el Operativo Conjunto Michoacán con el que se pretendía la recuperación de territorios tomados por la delincuencia organizada. Y en 2014, el expresidente Enrique Peña Nieto también inició una intervención federal nombrando a un comisionado especial. Ambas estrategias fracasaron y Michoacán siguió siendo uno de los Estados más violentos. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cinco alcaldes de Michoacán fueron asesinados, y en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum ya suman tres.
El pasado 1 de diciembre, la presidenta Sheinbaum anunció que el día 10 u 11 su Gobierno presentaría un informe integral sobre la puesta en marcha de los 12 ejes del Plan Michoacán, del que las secretarías de Bienestar y Gobernación han adelantado la realización de ferias del Bienestar, eventos de canje de armas, un censo casa por casa en las 13 regiones del Estado y los 113 municipios, actividades culturales y hasta de promoción del turismo. Además, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio una conferencia de prensa el 30 de noviembre, en la que informó de la detención de 932 personas, el aseguramiento de 924 armas, la incautación de 22.9 toneladas de droga y el desmantelamiento de 17 laboratorios.
García Harfuch, quien ha ido a Michoacán al menos una vez a la semana desde que arrancó el Plan, con tres visitas al municipio de Uruapan en el último mes, ha dicho este lunes que el Plan Michoacán tiene avances, pero que no ha concluido. “Cuando presentamos avances, no es con una actitud triunfalista de que ya no ocurran hechos violentos. De hecho, el plan está ahí, es un plan integral, no sólo de seguridad, y es un plan que vamos a seguir fortaleciendo hasta que disminuyan estos índices delictivos”.
