El Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha cerrado el año dando cuerpo a una serie de iniciativas que apuntalen su política económica delineada en el Plan México. Una estrategia que necesita obtener ingresos hasta por debajo de las piedras y le permita ejecutar sus promesas de largo aliento, con el peso a las arcas que representan los programas sociales y el poco margen de maniobra que estos le dejan en la distribución del gasto, señalan fuentes cercanas a la presidencia. El Congreso mexicano ha puesto el otro brazo para allanar una parte del camino en 2026. La inversión en infraestructura, el banderazo de inicio para la construcción de casas que la lleven a cumplir su promesa de un millón de viviendas al final del sexenio, la generación de empleos y crecimiento económico serán clave el próximo año.
Una de las piezas es el muro arancelario a Asia –para equilibrar entre otras cosas la abultada balanza comercial negativa con China– que empujó la mandataria en el Legislativo en la última recta del año. La medida ha sido un disparo de doble tiro: un guiño a Estados Unidos en un contexto de desaceleración económica en México y frente a la guerra arancelaria de Donald Trump, así como una buena fuente de ingresos adicionales. Una bolsa de entre 60.000 y 80.000 millones de pesos, menos de los proyectado en un inicio por las modificaciones que el Congreso hizo al proyecto para suavizar los gravámenes a más de 1.400 productos asiáticos que sufrirán incrementos entre 5% y 50% a partir del primer minuto de 2026.
La necesidad de recursos para encender los motores del Plan México, la hoja de ruta del sexenio de Sheinbaum para atraer inversión y apuntalar el crecimiento económico, se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno. Las medidas impulsadas para despejar el camino han ido de la mano con el acercamiento, en paralelo, con las cabezas del empresariado mexicano para que inyecten más recursos en forma de inversión.
Las enmiendas a la Ley de Amparo, también de su autoría, se suman a la ecuación. Las nuevas disposiciones limitan las suspensiones de procesos pendientes de resolver en la justicia como la ejecución del cobro de deudas fiscales. Esto es, una manera más ágil de cobrar los impuestos que deben los contribuyentes, y no solo al magnate Ricardo Salinas Pliego, con el que la mandataria ha mantenido una batalla precisamente por las cuentas pendientes con el fisco y las críticas de este a su Administración. El Supremo mexicano ya le ha pasado la primera factura para que pague cerca de 50.000 millones de pesos. Otros casos mantienen bajo perfil, pero adeudan sumas millonarias al Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre ellos, grandes aseguradoras y algunas transnacionales, señalan fuentes cercanas a la presidencia.
La bolsa no es menor. Hay dos billones de pesos atascados en los tribunales por créditos fiscales impugnados. Algunos de ellos han alcanzado la última instancia, pero continúan congelados por amparos, un recurso dilatorio al que la reforma le ha puesto fin. De ellos depende, en parte, que el Gobierno pueda mantener sus programas sociales sin implementar una temida reforma fiscal, reconoció el coordinador de Morena en la Cámara baja, Ricardo Monreal, durante el debate de la iniciativa legislativa.
Las maniobras para conseguir más recursos también pueden dejar víctimas colaterales. En el caso de los aranceles, el incremento de insumos y productos, sostiene la oposición, impactará directamente en los bolsillos de los ciudadanos que afrontarán un encarecimiento en productos terminados y componentes. En el frente del amparo, el afán recaudatorio de la medida, alertan opositores y especialistas, ha trastocado una herramienta clave con la que los ciudadanos combaten los abusos de las autoridades.
La ley para combatir la extorsión es otra de las piezas clave no solo para reducir los números de este delito que mantiene bajo amenaza a un puñado de sectores del país. La otra cara de la moneda está en las inversiones, ya que la falta de garantías de seguridad para los empresarios suma negativos para inyectar capitales en el país. En este punto, la oposición ha dado un voto de confianza al oficialismo que ha atendido el aumento de las penas solicitado por su contraparte. Las condenas pueden llegar hasta 45 años de prisión para los extorsionadores.
En el frente fiscal, el Senado ha dado el primer paso esta semana para dotar de más dientes a la administración tributaria para defender sus resoluciones y combatir estrategias interpretadas como dilatorias por los causantes. Como parte de las reformas de ley aprobadas a toda prisa con los votos de Morena y aliados en el Congreso esta semana, están las modificaciones a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que aumenta los supuestos bajo los cuales la autoridad puede demandar la revisión de una sentencia que era favorable al contribuyente. Es decir, se permite al SAT impugnar sentencias que declaren la nulidad por vicios de forma o procedimiento cuando el asunto sea de un valor superior a tres millones de pesos, en lugar de perder el crédito fiscal. La reforma no ha concluido, pero ha quedado como un pendiente prioritario para la Cámara baja.
Los ingresos del Gobierno para el próximo año, tasados en casi 10,2 billones de pesos le han quedado cortos a Sheinbaum. Son un objetivo cuesta arriba frente al impacto que ha supuesto la guerra arancelaria de Estados Unidos, la debilidad de la economía, la sangría millonaria que ha provocado el huachicol fiscal y el costo de los programas sociales, entre otros desafíos. Durante la aprobación de los ingresos, hubo reformas a un puñado de leyes para conseguir unos 670.715 millones de pesos adicionales. “Las apuestas son el Código Fiscal de la federación para erradicar la facturación falsa; la Ley aduanera para fortalecer los ingresos por concepto de comercio exterior, incluida la parte de contrabando y huachicol fiscal, IEPS en bebidas azucaradas y cigarrillos; y eficiencia recaudatoria en IVA e ISR”, dijo en su momento Alfonso Ramírez Cuéllar, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara baja.
La Ley de Ingresos 2026, aprobada en octubre, tiene como columna vertebral la recaudación tributaria, pero esto fue apenas un esbozo de lo que se ha aprobado en las últimas semanas. Además de los gravámenes emblema de la Administración, el ISR y el IVA, se aprobaron los llamados “impuestos saludables” sobre las bebidas saborizadas, el tabaco y los videojuegos con contenido violento. El golpe más contundente pegó a los refresco, cuya cuota se elevará un 87%, al pasar de 1,64 pesos a 3,08 pesos por litro. Para los cigarros, el gravamen pasa de un 160% a un 200% y para los cigarros tradicionales y puros hechos a mano, subirá de un 30,4% a un 32%. En el caso de las apuestas y sorteos, el aumento del IEPS será de 50% y, finalmente, el Gobierno logró gravar con un impuesto del 8% los videojuegos con contenido violento.
