Colectivos de búsqueda y defensores humanitarios exigen a las autoridades estatales y federales “una investigación inmediata e independiente sobre el hallazgo del campo de exterminio con tres hornos clandestinos en el que se encontraron restos humanos en Teuchitlán, Jalisco, un crimen de lesa humanidad que demuestra la sistemática desaparición, reclutamiento forzado y exterminio de jóvenes en México”.
En un posicionamiento único, los colectivos de buscadoras, las organizaciones de la sociedad civil y defensores demandan a las autoridades Federales y del estado de Jalisco “la atracción de la investigación a nivel federal, y que sea seria, exhaustiva e independiente sobre el hallazgo en Teuchitlán, con un enfoque en desapariciones forzadas, reclutamiento forzado y exterminio”.
Además, exigen “la identificación efectiva de todas las víctimas, con participación de las familias y acompañamiento integral para ellas, así como todas las medidas de reparación integral, la garantía de la protección integral de las familias buscadoras, particularmente de las que han participado en el hallazgo de los centros de cremación clandestinos y medidas urgentes, eficaces y con enfoque diferenciado que incluyan inmediato acceso a mecanismos de seguridad adecuados y la no revictimización, el Estado debe garantizar su derecho a la búsqueda sin temor a represalias”.
Los colectivos reclaman “enjuiciamiento y sanción de quienes resulten responsables, incluidos funcionarios que hayan incurrido en omisión, encubrimiento, connivencia y/o colusión, en especial, quienes fueron responsables de la investigación y la diligencia en este mismo predio durante el mes de septiembre de 2024”.
Para buscadoras y defensores resultan indispensable la “tipificación del delito de reclutamiento forzado” y una estrategia nacional contra el reclutamiento forzado que incluya medidas de prevención urgentes para erradicarlo en el caso de niñas, niños y jóvenes en Jalisco y otras regiones del país afectadas.
El gobierno mexicano, agregan “estaba obligado a conocer la comisión o el riesgo real e inminente de estas desapariciones, y que ha consentido estas prácticas, al no intervenir de manera efectiva en un fenómeno documentado y sistemático y no ha adoptado medidas para prevenir el delito, investigar y castigar a los responsables, a pesar de contar con investigaciones abiertas. Ha actuado en complicidad con quienes son perpetradores o se ha desentendido por completo de la protección no sólo de las potenciales víctimas sino también de sus familias, y ha permitido la operación de estos centros de reclutamiento forzado y de exterminio. Ha creado las condiciones que permitieron la comisión de estos crímenes al mantener un contexto de impunidad y colusión entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad que se repite en otras entidades, con la participación directa de agentes como el caso de Nuevo Laredo”, apuntaron.
El hallazgo, hecho público el 5 de marzo de 2025 por los colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras de Jalisco, ha sido descrito como un “campo de adiestramiento y exterminio” operado por el crimen organizado”; estos grupos “han denunciado la práctica de reclutamiento forzado y han documentado hasta septiembre de 2024 al menos 70 desapariciones en la Central Camionera de Guadalajara, principalmente personas jóvenes que fueron atraídas mediante falsas ofertas de trabajo. La existencia de este centro de exterminio evidencia el contexto de violencia generalizado en Jalisco y otras partes del país y confirma el modus operandi del crimen organizado en Jalisco: desapariciones masivas, reclutamiento forzado, tortura y asesinato, con la eventual complicidad de autoridades estatales y municipales.
La desaparición forzada en Jalisco ha sido una práctica sostenida en el tiempo. Desde el año 2019, Jalisco no dejó de ocupar el primer lugar a nivel nacional en el número de personas desaparecidas… en 2021, cuatro municipios de Jalisco se encontraban entre los diez con mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas a nivel nacional. Tlajomulco de Zúñiga encabezaba la lista con 296 cuerpos, seguido de El Salto con 212, Zapopan con 206 y San Pedro Tlaquepaque con 99. En total, 1 de cada 4 cuerpos recuperados en fosas clandestinas a nivel nacional correspondían a Jalisco (24.34%). Este hallazgo configura lo que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU define como un “crimen perfecto” por la aquiescencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno frente a la desaparición cometida por agentes no estatales; ya que resulta imposible aceptar que este mega campo de exterminio operara sin la complicidad de autoridades y fuerzas de seguridad; que después del operativo de septiembre del 2024 quedó sin protección ni aplicación de los protocolos de exhumación de las fosas”.
“El hallazgo del centro de reclutamiento forzado y del campo de exterminio con los hornos clandestinos en Teuchitlán es una prueba irrefutable de que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y, por tanto, crímenes de Estado. Si el Estado no toma medidas inmediatas, se estará consolidando un patrón de exterminio con la complicidad de las instituciones que deberían proteger a la ciudadanía. Llamamos a las organizaciones de derechos humanos, a la prensa y a la sociedad civil a mantener este caso en la agenda pública y a denunciar la crisis de desapariciones, homicidios, torturas y reclutamiento forzoso de personas en Jalisco y en todo el país. No podemos permitir que estos crímenes queden impunes ni que las víctimas sean reducidas a estadísticas”, indicaron 65 colectivos de buscadoras y 31 agrupaciones de defensa humanitaria.
