Desde octubre pasado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, hasta la fecha, ese encuentro no ha ocurrido. En medio del escándalo por el hallazgo de un rancho en Jalisco relacionado con desapariciones, Sheinbaum presentó una lista de seis acciones para abordar la crisis.
La mandataria aseguró que la búsqueda de personas desaparecidas es una “prioridad nacional“. No obstante, colectivos y defensores de derechos humanos consideran que aún faltan acciones concretas y empatía hacia las víctimas.
Críticas a las propuestas gubernamentales
El primer punto del plan presidencial es un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Se plantea ampliar su capacidad de análisis y dotarla de tecnología para mejorar las investigaciones. Sin embargo, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) advierte que la CNB ya cuenta con amplias facultades, pero no ha logrado implementar mejoras, como la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o la creación del Programa Nacional de Búsqueda.
Otra propuesta es reformar la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población (CURP) y cruzarlo con registros administrativos. Aunque la iniciativa es pertinente, defensores humanitarios cuestionan cuánto tiempo tomará hacerla operativa.
Asimismo, se propone la creación de una Base Nacional Única de Información Forense, aunque la Ley General ya contempla el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), que entró en funciones en mayo de 2023. “¿Se pretende ignorar el BNDF y comenzar de cero?”, cuestiona el IMDHD.
El gobierno también busca fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), aunque este ya fue establecido en la reforma de 2022. Colectivos advierten que la información forense es competencia de las fiscalías, por lo que la duplicación de esfuerzos podría generar conflictos de competencia.
Falta de estrategias reales
Sheinbaum propuso la creación de una Plataforma Nacional de Identificación Humana para integrar registros administrativos y forenses. Sin embargo, defensores recuerdan que ya existen bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el BNDF y el Registro Nacional de Fosas. “Más que nuevas plataformas, se necesita coordinación y efectividad en las existentes”, señalan.
Otra propuesta busca generar alertas inmediatas de búsqueda y abrir carpetas de investigación sin demoras. No obstante, los protocolos homologados de búsqueda e investigación ya establecen estos mecanismos desde 2018 y 2020. El problema, insisten los activistas, no es la falta de protocolos, sino la cultura de simulación y desinterés institucional.
Además, el gobierno plantea homologar las penas por desaparición con las de secuestro. No obstante, las familias lucharon durante años para que la desaparición forzada fuera reconocida como un delito autónomo. “Esta medida podría ser un retroceso”, advierten.
Finalmente, se propone la publicación mensual de cifras de desapariciones y el fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Aunque estas acciones podrían mejorar la transparencia, defensores subrayan que el problema no es solo conocer las cifras, sino garantizar avances en las investigaciones.
Diálogo urgente con las familias
Las organizaciones de derechos humanos critican que muchas de las propuestas gubernamentales reiteran medidas ya establecidas o resultan irrelevantes. “No conocemos el diagnóstico detrás de estas acciones, pero parece pobre y equivocado”, señalan.
También cuestionan el papel de los asesores de Sheinbaum: “¿Desconocen el tema o buscan boicotear su gobierno?”.
El IMDHD concluye que el anuncio de la presidenta no puede sustituir el diálogo con las familias y expertos. “Se necesita una estrategia real, basada en la escucha y el trabajo coordinado con quienes viven esta crisis de cerca”.
