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Este 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará y votará la constitucionalidad de la reforma judicial, un tema que ha generado gran debate sobre el futuro de la independencia judicial en México.
En la “Conferencia de los Jueces”, la magistrada Adriana Ortega Ortiz defendió que la presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado su disposición para acatar la resolución de la SCJN.
Aunque señaló que el gobierno cuenta con posibles “planes alternativos” en caso de un fallo desfavorable, reiteró su confianza en que se respetará la decisión del máximo tribunal.
Durante el evento, el magistrado Juan José López Olvera enfatizó que cualquier “plan B, C o D” debe estar enmarcado en el cumplimiento de la Constitución.
Para López Olvera, la actual reforma plantea la “supremacía legislativa“, donde el legislador podría insertar disposiciones sin control ni supervisión judicial, lo cual amenaza la supremacía constitucional y la independencia del Poder Judicial.
“Se trata de una amenaza directa a los derechos y libertades ganados a lo largo de un siglo de luchas sociales en México”, afirmó el magistrado.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresó preocupación por los cambios que permiten la elección popular de jueces y las posibles remociones injustificadas, lo cual podría derivar en una politización del sistema judicial.
Satterthwaite advirtió que, si bien una renovación masiva de jueces en teoría podría democratizar el sistema, en la práctica puede perjudicar el Estado de derecho al someter el Poder Judicial a intereses externos y poner en riesgo su imparcialidad.
Ortega Ortiz señaló que la propuesta de elección popular de jueces expone a los magistrados a influencias indebidas, al coincidir con tiempos electorales.
“Es claro que los riesgos señalados por la relatora están presentes en México”, sostuvo.
Además, señaló que, aunque la SCJN busca preservar el mérito como criterio para elegir a los jueces, la reforma limita estos esfuerzos. La magistrada también aclaró que la Corte, mientras resuelve la validez de la reforma, continúa cumpliendo con sus obligaciones para evitar vulnerar el cronograma impuesto.
El magistrado José Rogelio Alanís García resumió que la SCJN enfrenta un reto crucial: revisar la constitucionalidad de la reforma y al mismo tiempo dar continuidad a las disposiciones actuales de la ley en una medida preventiva. Así, este día podría marcar un antes y un después para la justicia en México y la protección de los derechos de la ciudadanía ante un poder judicial independiente.
