Kilmar Abrego García superó este viernes la primera prueba de su libertad al no ser detenido en la salida de una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore, Maryland. La jueza de distrito Paula Xinis emitió una orden de restricción temporal para evitar que el salvadoreño fuera arrestado después de comparecer en su cita con las autoridades migratorias, como sucedió en agosto pasado.
El jueves, Xinis ordenó su libertad por entender que no había un fundamento legal para mantenerlo preso y Abrego García salió del centro de detención del ICE en Pensilvania, donde se encontraba detenido. Los abogados del salvadoreño, que fue deportado por error en marzo y regresado a EE UU para enfrentar cargos penales por tráfico de personas, le solicitaron una protección para que los agentes federales no pudieran detenerle de nuevo.
“Me presento hoy aquí con la cabeza en alto y seguiré luchando y manteniéndome firme contra todas las injusticias que este Gobierno ha cometido contra mí”, dijo Abrego García. “Independientemente de esta Administración, creo que este es un país de leyes y creo que esta injusticia llegará a su fin”, declaró ante los simpatizantes que le acompañaron.
Abrego García regresó a Maryland junto a su familia después de casi cinco meses en los que estuvo detenido en Pensilvania. Tras pasar solo tres días en libertad al ser devuelto a Estados Unidos, los agentes federales le detuvieron en agosto cuando se presentó al control migratorio como al que acudió este viernes. Esta vez, el abogado de Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, anunció a la multitud reunida afuera que su cliente saldría nuevamente por las puertas de la oficina, pero añadió que la batalla legal aún no había terminado.
“La orden de ayer de la jueza Xinis y ahora la orden de restricción temporal de esta mañana representan una victoria del derecho sobre el poder”, dijo Sandoval-Moshenberg.
Abrego García se apuntó una victoria con los fallos de la jueza Xinis, contraviniendo los esfuerzos de la Administración de mantenerle preso y deportarlo. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, ya anticipó ayer que el Gobierno planea luchar “con uñas y dientes” contra la decisión judicial.
El salvadoreño, de 30 años, se convirtió en el símbolo de los abusos cometidos con la cruzada antiinmigrante de Trump cuando fue deportado por error en marzo pasado. Abrego García tenía una protección que un juez le había concedido en 2019 para que no fuera deportado a El Salvador, por entender que su temor a sufrir represalias era fundado. El salvadoreño huyó de su país a los 16 años tras sufrir amenazas de la pandilla criminal Barrio 18. Residía en Maryland junto a su esposa y tres niños y trabajaba como obrero metalúrgico.
Pese a la orden judicial, fue enviado al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot) del país centroamericano, donde fue torturado, según ha denunciado. Aunque la Administración reconoció haber cometido un error al deportarlo, estuvo preso en El Salvador hasta junio. La presión social y política consiguió que le retornaran a Estados Unidos, pero con una acusación nueva de tráfico de personas. A pesar de su equivocación, el Gobierno de Trump se ha esforzado en presentar a Abrego García como un delincuente, miembro de la banda criminal MS-13, que no puede permanecer en Estados Unidos. Ante la imposibilidad de enviarlo a El Salvador, tenía previsto deportarle a un tercer país africano. El último elegido, tras la negativa de varios países a aceptarlo, fue Liberia.
