Kilmar Abrego García ha sido puesto en libertad horas después de que una jueza ordenara su salida inmediata de la custodia federal. El salvadoreño, que fue deportado por error por el Gobierno de Donald Trump en marzo y devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos por tráfico de personas, se encontraba preso en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) en Pensilvania.
El abogado de Abrego García declaró que su cliente planea regresar a Maryland, donde le espera su familia, según AP. El defensor Simon Sandoval-Moshenberg señaló que no está seguro de lo que vendrá después, pero que está preparado para defender a su cliente contra futuros intentos de deportación.
Unas horas antes, la jueza de distrito de Maryland, Paula Xinis, ordenó su liberación inmediata, señalando que, “desde su detención ilegal en El Salvador, Abrego García ha sido detenido nuevamente, también sin la debida autorización legal”.
Xinis afirmó que la ausencia de una orden de deportación impide que el Gobierno de Estados Unidos expulse de nuevo a Abrego García, como es la intención de la Administración. “La conducta de los demandados durante los últimos meses contradice la afirmación de que su detención tenía como objetivo principal la expulsión, lo que refuerza la conclusión de que Abrego García no debe permanecer detenido por más tiempo”, señaló la jueza.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) criticó duramente la decisión de la jueza y prometió apelar el fallo, al que calificó de “activismo judicial descarado” por parte de una jueza nombrada durante la presidencia de Barack Obama. “Esta orden carece de cualquier base legal válida, y continuaremos luchando con uñas y dientes en los tribunales”, declaró Tricia McLaughlin, la portavoz del Departamento.
El letrado Sandoval-Moshenberg reconoció que “el Gobierno todavía tiene muchas herramientas en su caja, muchos trucos bajo la manga”, dijo. “Estaremos allí para luchar y asegurarnos de que haya un juicio justo”, aseguró.
El fallo de este jueves es una victoria para Abrego García, que se ha convertido en un símbolo de las deportaciones injustas de la Administración. En marzo pasado fue deportado junto con más de 200 venezolanos y algunos salvadoreños a El Salvador y encerrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad conocida por la violación de los derechos humanos. Un juez está investigando el hecho de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, supuestamente permitió el traslado después de que se hubiera emitido una orden judicial para que regresaran los aviones que habían despegado con los migrantes.
Abrego García fue el primer caso de la campaña de deportaciones iniciada por el Gobierno de Trump en el que la Administración reconoció que su expulsión se debió a un error, ya que se saltó la protección judicial que el hombre tenía para permanecer en EE UU. Abrego García trabajaba como obrero metalúrgico en Maryland, donde residía con su mujer y tres hijos hasta que fue detenido el 12 de marzo. Ingresó en Estados Unidos de forma ilegal con 16 años, huyendo de las amenazas de las pandillas salvadoreñas. Un juez le denegó el asilo en 2019, pero le concedió una protección contra la deportación a El Salvador, por el riesgo de sufrir represalias.
La Administración Trump lo ha acusado de pertenecer a la banda criminal MS-13 y de pertenecer a una red que introducía migrantes ilegales en Estados Unidos. Con la excepción de tres días que fue puesto en libertad, el salvadoreño ha estado detenido desde que retornó a Estados Unidos en junio pasado. El Gobierno quería deportarlo a un tercer país. Tras sopesar Uganda y Ghana, la última opción era Liberia. Abrego García había rechazado la deportación a una lista de 20 países por temor a sufrir persecución y tortura. La jueza Xinis, en su última audiencia, celebrada el mes pasado, recriminó a la defensa del Gobierno que hubieran descartado la opción de Costa Rica, el país que el salvadoreño había aceptado como destino y que aseguraba la protección de sus derechos.
Tras su deportación en marzo, Xinis ordenó su regreso y también el Tribunal Supremo pidió que se facilitara su vuelta, pero el Gobierno hizo caso omiso. La presión social y política forzó que la Administración retornara a Abrego García, pero fue detenido nada más pisar territorio estadounidense para enfrentar cargos sobre tráfico de personas.
El juicio del caso penal, que lleva un tribunal de Tennessee, está programado para iniciarse en enero. El juez de distrito que lo instruye, Waverly Crenshaw, ha sostenido que el tratamiento dado al salvadoreño no parece responder a criterios legales sino vengativos. La acusación de tráfico de personas se basa en un vídeo de una parada de tráfico de 2022, en el que Abrego García aparece conduciendo un coche en el que viajaban otros nueve migrantes. El salvadoreño ha negado los cargos. Este lunes estaba prevista una audiencia para determinar si la Administración había iniciado el caso en represalia por haber enfrentado su deportación en marzo, pero fue pospuesta sin una fecha definida.
