La trama de corrupción por la que la ex militante socialista Leire Díez fue detenida el miércoles junto a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales); y el empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, gira en torno a su influencia en cinco operaciones en las que se concedieron ayudas y contratos por valor de 132 millones de euros, según fuentes jurídicas. Los tres han comparecido este sábado ante el magistrado Antonio Piña, responsable del Juzgado Central de Instrucción 6, por una causa que se mantiene bajo secreto de sumario y que se focaliza en delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Piña les ha dejado en libertad con la aplicación de medidas cautelares (retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias cada 15 días), según fuentes jurídicas.
Al no pedir la Fiscalía Anticorrupción la entrada en prisión provisional y al no haber más partes personadas, ya que la causa está secreta, el magistrado no podía decretar el encarcelamiento de los sospechosos, según fuentes jurídicas. El juez Piña ha acordado las medidas cautelares que le había pedido el ministerio público ante los “numerosos indicios” y la “gravedad de los hechos que se imputan”. Sobre las 13.40, Leire Díez ha abandonado la Audiencia Nacional por su propio pie, cubriéndose el rostro con una capucha, y se ha marchado en taxi del lugar.
Piña ha asumido la dirección de esta investigación relacionada con contrataciones públicas, sobre la que ya llevaba tiempo trabajando la Fiscalía. Según fuentes jurídicas, se mantiene el foco sobre cinco operaciones sospechosas de amaño (ayudas y adjudicaciones concedidas que suman un valor aproximado de 132 millones de euros y en las que supuestamente influyeron, y a cambio de las cuales obtuvieron una presunta contraprestación económica). Entre las empresas salpicadas se encuentran Mercasa; Enusa; Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA); Sepides, adscrita a la SEPI; Servinabar; Forestalia, una mercantil de energías renovables propietaria de la sociedad Arapellet, que recibió 17,3 millones a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip); y Tubos Reunidos, para la que la SEPI aprobó en 2021 un rescate de 112,8 millones de euros (que contó con el preceptivo respaldo del Consejo de Ministros). Los implicados usaban un grupo de WhatsApp llamado Hirurok (que significaría “nosotros tres”, en euskera), según fuentes policiales.
El magistrado previó que los tres detenidos fueran puestos a su disposición a partir de las 10.00 de este sábado. La Guardia Civil, que los mantenía bajo custodia desde el miércoles, los ha trasladado a primera hora de esta mañana a la Audiencia Nacional, adonde han llegado a las 08.30. Según fuentes jurídicas, Díez y Alonso se han acogido a su derecho a no declarar. Fernández Guerrero sí ha respondido preguntas y ha negado irregularidades, según estas fuentes.
Al encontrarse bajo secreto, los detalles de este nuevo sumario se conocen a cuentagotas. Según detallan fuentes cercanas a la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado cree que los sospechosos forman parte de una presunta trama de corrupción que comenzó a operar después de la llegada del PSOE a La Moncloa tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy (PP), a mediados de 2018. Entonces, Fernández asumió el mando de la SEPI y Díez fue nombrada responsable de Comunicación de Enusa, la empresa pública de uranio, que estaba presidida por un dirigente del entorno de José Luis Ábalos, José Vicente Berlanga, al que también se mantiene bajo sospecha.
Según fuentes jurídicas, el instituto armado tiene bajo la lupa varias operaciones sospechosas que se desarrollaron, al menos, entre 2021 y 2023; y que se tradujeron en cantidades facturadas que, según los agentes, se corresponderían con presuntas comisiones. Este sábado, a Fernández Guerrero le han preguntado por contratos y por Servinabar, para la que también trabajó como asesor externo. Fuentes de la defensa de Leire Díez han alegado que ella se acogía a su derecho a no declarar porque, al mantenerse la causa bajo secreto, no sabe de qué se le acusa; pero han añadido que no descarta hacerlo en un futuro, una vez tenga acceso al contenido del sumario.
Fuentes jurídicas detallaron el jueves que se habían practicado ya 19 registros en varias provincias de España. Entre otros puntos, la UCO acudió a un piso de la madrileña calle Diego de León, donde Díez mantenía reuniones con empresarios; a un despacho de abogados de Sevilla; y a la sede de Servinabar. Los agentes también se personaron en las oficinas de Forestalia, una compañía de renovables. Y la Guardia Civil se trasladó para recopilar información a dependencias de, entre otras instituciones, la propia SEPI; Enusa; Correos (donde Díez fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales tras su paso por Enusa); la empresa pública Mercasa; la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides); y la Dirección General de Política Energética y Minas, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica.
La investigación judicial contra esta nueva trama se encuentra en una fase “inicial”, según indican otras fuentes jurídicas, que subrayan que todavía quedan pesquisas por delante.
