El Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en extraditar de Estados Unidos al abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, al que considera el gran arquitecto de una red de empresas fantasma que ha drenado millonarios recursos al erario mediante la emisión de facturas falsas. La presidenta ha confirmado este lunes que la Fiscalía General de la República (FGR), donde acaba de designar a Ernestina Godoy, una sus funcionarias más allegadas, está haciendo las gestiones necesarias para traer a México al abogado fiscalista y que los delitos de que se le acusa —delincuencia organizada, blanqueo de recursos y evasión fiscal— no queden impunes. “Se está pidiendo la extradición”, ha confirmado la mandataria en su conferencia matutina. “Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto”, ha subrayado.
Álvarez Puga, que está casado con la famosa conductora de televisión y actriz Inés Gómez Mont —a la que la Fiscalía considera su cómplice—, fue capturado por la autoridad migratoria de Estados Unidos, ICE, en octubre pasado. Desde entonces, el letrado enfrenta un juicio migratorio en el que EE UU determinará si le expulsa o no de ese país. En México, existen dos órdenes de aprehensión activas contra el abogado y su esposa, además de una ficha roja de la Interpol para su captura con fines de extradición. Desde septiembre de 2021, la FGR acusó al matrimonio por el desfalco de casi 3.000 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación en tiempos del presidente Enrique Peña Nieto, que fueron desviados mediante una estructura de firmas fachada que simularon prestar servicios a la dependencia.
Según los documentos del juicio migratorio de Álvarez Puga, consultados por este periódico, el letrado estaba en EE UU desde meses antes de que en México se libraran las órdenes de captura en su contra. En julio, a punto de vencerse su estancia regular en el país norteamericano, el abogado salió a un viaje a Las Bahamas. Tenía programado volver en avión, pero reingresó a EE UU en barco, sin que se le haya validado el boleto de entrada. Desde entonces ha vivido de manera irregular principalmente en el Estado de Florida, donde él y su esposa han amasado una enorme fortuna inmobiliaria, como ha documentado EL PAÍS.
Álvarez Puga promovió una solicitud de asilo en la que argumenta que él y su familia son víctimas de una persecución en México a raíz de sus “posturas políticas conservadoras”. El letrado aseguró que tiene “temor de regresar a México dadas sus opiniones políticas y su pertenencia a un grupo social particular”. Es decir, el abogado sostiene que el Gobierno mexicano le busca por motivaciones políticas y no por su presunta implicación en el desfalco millonario al erario, una trama corrupta en la que él y su esposa, según la Fiscalía, cobraron directamente una parte del dinero desviado.
Los abogados de Álvarez Puga han logrado retrasar su proceso de expulsión migratoria, pues han pedido que el letrado tenga una audiencia previa. Los registros de ICE señalan que Álvarez Puga sigue bajo custodia en un centro de detención de Miami, Florida. En cuanto a Gómez Mont, se presume que continúa libre en ese país. La red de complicidades que Álvarez Puga tejió en México en los círculos políticos de más alto nivel le permitió postergar al máximo su comparecencia ante la justicia. Está por verse si esa red de protección sigue atorando el proceso en la era de Sheinbaum y su fiscal Godoy.
