La reforma ‘no más camisetazos’ sacude a la Asamblea Nacional

La reciente aprobación de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa por parte del Parlamento marca un hito en la política ecuatoriana con respecto a los camisetazos en la Asamblea Nacional. La decisión, que incluye sanciones contra el transfuguismo político y modificaciones al proceso de juicio político, plantea, a pesar de todo, interrogantes sobre su impacto real en el sistema legislativo del país.

El transfuguismo, coloquialmente conocido como los ‘camisetazos’, ha sido una constante que ha mermado la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Cuando un legislador cambia de partido o abandona las decisiones de su bancada, traiciona no solo a su organización, sino también a los votantes que depositaron su confianza en un proyecto político. Las reformas aprobadas por la Asamblea imponen sanciones como la suspensión sin remuneración de hasta 90 días. Aunque algunos sectores reclamaban la pérdida inmediata de la curul, este paso representa un intento significativo de frenar una práctica que ha debilitado la gobernabilidad.

La aprobación de estas reformas representa un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad en nuestro país. Pero también plantea interrogantes sobre su aplicación y las posibles distorsiones que puedan surgir en el camino.

No obstante, las críticas no se han hecho esperar. La oposición denuncia que estas medidas podrían ser usadas como un arma para disciplinar a legisladores que cuestionen las decisiones de sus partidos, limitando la diversidad de criterios en el debate parlamentario. Aquí surge una preocupación legítima: ¿será posible encontrar un equilibrio entre la lealtad partidista y la representación auténtica de las necesidades de los ciudadanos?

El juicio político, herramienta clave para la fiscalización de autoridades, también se ve modificado. La nueva normativa permite que un legislador desista de una solicitud antes de que la Comisión de Fiscalización califique el trámite. Este cambio busca evitar el uso indiscriminado de los juicios políticos como mecanismos de presión o chantaje, una práctica que ha desgastado el trabajo legislativo y desviado la atención de temas prioritarios.

Sin embargo, la efectividad de estas modificaciones dependerá de su aplicación. La experiencia demuestra que las leyes, por más bien intencionadas que sean, pueden convertirse en letra muerta si no existen instituciones capaces de garantizar su cumplimiento. Además, será crucial que estas reformas no obstaculicen la capacidad del Parlamento para exigir cuentas a quienes ostentan el poder.

Otro aspecto destacado es la inclusión de mecanismos de participación ciudadana, como consultas prelegislativas y mesas itinerantes. Estas herramientas prometen acercar a los ciudadanos a la toma de decisiones. Sin embargo, la efectividad de estas iniciativas dependerá de cómo se implementen. La historia reciente muestra que muchas veces estas instancias terminan siendo procedimientos meramente formales, sin impacto real en las decisiones finales.

La aprobación de estas reformas representa un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad en nuestro país. Pero también plantea interrogantes sobre su aplicación y las posibles distorsiones que puedan surgir en el camino. Si bien estas medidas buscan restaurar la confianza en la Asamblea Nacional, el verdadero reto radica en que los legisladores demuestren, con hechos, que están comprometidos con un cambio profundo en la forma de hacer política.

En un país donde el escepticismo hacia la clase política está profundamente arraigado, estas reformas representan una oportunidad para reconstruir la legitimidad perdida. Pero para que esta oportunidad no se convierta en una más entre tantas promesas incumplidas, será indispensable una vigilancia activa por parte de los ciudadanos y un compromiso real de los actores políticos. Solo así se podrá garantizar que las leyes aprobadas sean un instrumento para el cambio y no un simple gesto simbólico destinado a acallar críticas momentáneas.