Durante años, ser influencer en España fue una profesión fantasma. Movía campañas millonarias y hasta parecía modificar hábitos de consumo, pero jurídicamente seguía suspendida en una especie de limbo. Las marcas invertían cantidades cada vez más altas en creadores digitales mientras las leyes seguían pensadas para vallas publicitarias, cuñas de radio y spots de televisión. En estos primeros años de auge influencer existía una sensación de impunidad entendible porque internet era una especie de territorio sin ley: muchos creadores empezaron cobrando campañas sin darse de alta como autónomos, aceptando transferencias internacionales por PayPal, creyendo que si el dinero llegaba desde el extranjero era imposible de rastrear.
