El Senado aprobó la noche de este miércoles una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la producción, importación, venta y publicidad de cigarrillos electrónicos y vapeadores en todo México. Con 76 votos a favor, 37 en contra y una abstención, el pleno avaló el dictamen que establece penas de hasta ocho años de prisión para quienes comercialicen estos productos. El consumo y posesión personal, una de las preocupaciones de los usuarios y el fragmento más criticado de la iniciativa, finalmente no serán castigados. La medida respalda la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se justifica en el “riesgo sanitario” que representan estos productos y su expansión en el mercado negro.
Aunque México prohibió la importación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en 2022, siguen vendiéndose sin control. Es fácil conseguirlos en línea, puestos informales e incluso en plazas comerciales. Por ello, para Morena, la reforma aprobada este miércoles es necesaria para evitar que la industria crezca en la clandestinidad y el mercado negro. La oposición, por otro lado, acusa que la prohibición solo fomenta el mercado informal, criminaliza y deja a usuarios expuestos a abusos policiales. Algunos senadores han advertido de que la prohibición podría reforzar el mercado negro y dejar a los consumidores sin información verificable sobre lo que están consumiendo.
En el debate de casi tres horas, los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano insistieron en que la prohibición trasladará la venta de vapeadores a manos del crimen organizado. La panista Gina Campuzano acusó a Morena de recurrir a “la cortina de humo más cínica” para ocultar la inseguridad del país y advirtió de que la medida tendrá un efecto contraproducente. “Están firmando un cheque en blanco para que el crimen envenene a nuestra juventud. La gente seguirá buscando estos productos, pero ahora en el sótano del narcomenudeo, sin saber qué se están metiendo al cuerpo”, dijo desde tribuna. La priista Carolina Viggiano denunció que la reforma carece de evidencias, lo que convierte a la propuesta en una “caja negra”. Recordó que la prohibición del tabaco no ha impedido la venta de cigarros a menores de edad y sostuvo que el Estado debe “regular, no prohibir”.
Por su parte, la mayoría oficialista defendió la iniciativa con el crecimiento del vapeo entre adolescentes, que son los principales consumidores. Manuel Huerta señaló que estos aparatos contienen nicotina, metales pesados, compuestos cancerígenos y partículas capaces de dañar el sistema cardiovascular y pulmonar. Según Huerta, la prohibición no es prohibicionista. “El Estado no invade la vida privada, cumple su obligación de prevenir riesgos y no ser omiso ante un mercado que actúa deliberadamente sobre población vulnerable”, afirmó. Añadió que también se reforzarán las campañas de prevención.
Desde el Partido Verde Ecologista de México, Rocío Corona se refirió al consumo de vape como una “epidemia silenciosa” oculta tras sabores dulces y dispositivos atractivos. En la misma línea, José Manuel Cruz señaló que el vapeo es hoy el producto de nicotina más usado entre jóvenes y que, solo en 2024, alrededor de 1,63 millones de estudiantes reportaron su consumo. “Los atractivos sabores, la publicidad y la facilidad de acceso los han convertido en una puerta de entrada a la dependencia”, apuntó. Luis Donaldo Colosio, de Movimiiento Ciudadano afirmó que la renuncia a regular y vigilar el mercado. “Prohibir no significa regular. Estamos empujando a niñas, niños y adolescentes al mercado negro donde nadie pide identificaciones ni existen consecuencias para quienes venden a menores”, aseguró.
Así, la reforma incorpora un capítulo específico sobre vapeadores en la Ley General de Salud, donde se definen como cualquier sistema capaz de calentar, vaporizar o atomizar sustancias líquidas, geles, ceras, aerosoles o resinas, con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas. También prohíbe cualquier tipo de publicidad o propaganda en medios impresos, digitales, radiofónicos, televisivos o plataformas emergentes, con el argumento de que la industria ha dirigido sus productos a menores a través de sabores atractivos y campañas de mercadotecnia encubiertas. Los cambios serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.
