Luego de 65 foros de consulta y más de 5.200 intervenciones de participación, la comisión presidencial para la reforma electoral ha iniciado la recta final de sus trabajos. Pablo Gómez, presidente ejecutivo de dicha comisión, ha dicho este lunes a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, que la iniciativa será enviada el 1 de febrero al Congreso, justo al inicio del periodo ordinario de sesiones.
La propuesta de la Comisión terminará de afinarse en las próximas semanas con la información suministrada por el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), y más de 350 propuestas hechas por especialistas y organizaciones en los foros de consulta organizados por la comisión entre septiembre y diciembre. Una vez que Pablo Gómez entregue la propuesta, la Consejería Jurídica de la Presidencia se encargará de plasmarla en una iniciativa de reforma que suscribirá la presidenta Claudia Sheinbaum.
Guadalupe Taddei ha acudido este lunes a las oficinas de la Comisión presidencial acompañada por 27 presidentas y presidentes de OPLE, quienes emprendieron desde octubre una cruzada para evitar la extinción anunciada por Pablo Gómez al inicio de los trabajos.
La propia Taddei, quien antes de encabezar el INE presidió el OPLE de Sonora, defendió el trabajo de los institutos locales y advirtió de los riesgos operativos que se corren al desaparecerlos. “No podemos dejar de lado su experiencia y capacidad operativa”, dijo frente a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en la audiencia pública celebrada en Hermosillo el 8 de octubre, a la que acudió a título personal.
En contraste, Pablo Gómez señaló, al inicio de su nuevo encargo, que los OPLE y los Tribunales Electorales de los Estados duplican funciones y no tienen razón de ser. “La desaparición de los OPLE es muy obvia, nadie puede decir para qué sirven. Los tribunales de los Estados no resuelven ningún asunto, todo va al Tribunal Electoral. Mejor hacemos un sistema de dos instancias”, dijo en agosto en entrevista con EL PAÍS.
Esta posición, según autoridades del INE y consejeros de varios OPLE, se ha ido matizando dentro del gobierno y de la propia Comisión, en la que además de Gómez confluyen José Merino, director de la Agencia de Transformación Digital; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno; Jesús Ramírez, coordinador de asesores, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
“Los OPLE ya se salvaron”, ha dicho una de las participantes en la reunión de este lunes, quien asegura que Pablo Gómez ya no se muestra tan crítico de los organismos locales luego de 65 foros y dos meses de debates en los que los propios gobernadores de Morena han defendido la existencia de las instancias encargadas de los procesos electorales locales.
Pablo Gómez, autor de las iniciativas de reforma electoral que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como Plan A, B y C, justificó su rechazo a los OPLE por el costo que implican para los gobiernos estatales: más de 13.000 millones de pesos cada año, adicionales al presupuesto que recibe el INE. Sin embargo, los expertos y autoridades han advertido del peligro de desaparecerlos en 2027, cuando la elección federal de diputados será concurrente con comicios de gobernador en 17 entidades, y de Congreso local y ayuntamientos en 30 Estados. Además, si se mantiene la reforma judicial en los términos en los que fue aprobada, en 2027 se elegirá la mitad de Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito no electos en este año y los jueces locales de una docena de Estados.
Si encima de todo se pretende mover el proceso de Revocación de Mandato de abril de 2028 a junio de 2027, como lo han planteado diputados federales de Morena cercanos a la presidenta Sheinbaum, las elecciones de medio sexenio implicarán un reto logístico insalvable sin los OPLE.
Además del futuro de los OPLE, la reforma de la presidenta Sheinbaum determinará el futuro de los legisladores de representación proporcional y una probable reducción del financiamiento público que reciben anualmente los partidos políticos, temas en los que los partidos aliados de Morena (Verde y PT) han manifestado su rechazo.
La comisión recaba las últimas propuestas
Taddei ha dicho este lunes que ella sólo fungió como puente para hacer llegar a la comisión presidencial los diagnósticos y propuestas de asociaciones de autoridades electorales, organizaciones civiles y partidos locales, que buscan “fortalecer la democracia y el federalismo electoral”. Y ha hecho eco de una sugerencia de Pablo Gómez para que todo aquel interesado en enviar alguna propuesta lo haga en la plataforma abierta para ello en la página de la comisión presidencial (reformaelectoral.gob.mx).
La semana pasada, Taddei intentó infructuosamente consensuar una propuesta a nombre de las 11 consejeras y consejeros del INE, pero un adelanto de dicho documento fue filtrado con propuestas preliminares, lo que generó protestas de consejeras que no fueron consultadas en su elaboración y obligó a Taddei a posponer la entrega hasta el 12 de enero. Ese documento sería el último insumo de la Comisión presidencial en la etapa final, antes de que se redacte la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
