Escrito en NACIONAL el
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) llama “golpe al Estado de derecho”, a “la reforma de ‘supremacía constitucional’ que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución… fue aprobada en el Senado de la República una iniciativa de reforma que hará improcedentes la promoción de figuras jurídicas que promueven y protegen los derechos humanos”.
“Este intento de limitar los mecanismos de defensa constitucional pone en riesgo el sistema contrapesos que garantiza la protección de los derechos fundamentales de todas y todas, así como del Estado de derecho en México. Hacemos un llamado a las y los Diputados a no aprobar esta reforma, que tendrá consecuencias negativas para la protección de los derechos humanos y la justicia en nuestro país”, remarca el organismo.
“De aprobarse esta reforma también en la Cámara de Diputados”, subraya México Unido Contra la Delincuencia, “se declararían improcedentes tres medios fundamentales de control constitucional: 1) el juicio de amparo, 2) la acción de inconstitucionalidad y 3) la controversia constitucional; esto significa que ninguna modificación a la Constitución, sin importar su contenido o alcance, podría ser impugnada a través de estos mecanismos, dejando sin protección jurídica a la ciudadanía y restringiendo severamente las vías para hacer valer sus derechos humanos”.
“En México, estos recursos han posibilitado mantener el equilibrio entre poderes, el pacto federal, así como el respeto y promoción de los derechos humanos. Con lo aprobado por el Senado se transforma de manera radical el orden constitucional vigente y abre la puerta para la aprobación de reformas que pueden llegar a ser contrarias a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por si fuera poco, la Reforma establece que incluso las reformas constitucionales ya impugnadas, como las que buscan que se revierta la reforma al Poder Judicial quedarían sin posibilidad de ser revisadas por los tribunales”, añade el organismo en un comunicado.
“Las repercusiones de esta propuesta van más allá de los juicios interpuestos contra la reforma judicial y podrían dejar en un estado de indefensión a miles de personas que buscan la protección de sus derechos humanos mediante los medios de control constitucional establecido. El riesgo de que los poderes Ejecutivo y Legislativo impulsen cambios a la Constitución que afecten nuestros derechos es latente y, frente a ello, se está dejando a la ciudadanía de brazos cruzados para utilizar recursos judiciales en su defensa”, finaliza la agrupación.
