A poco más de 11 años de la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial en Iguala, Guerrero, de integrantes de la Organización Unidad Popular, este miércolesm la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC), representante de la familia de Arturo Hernández Cardona, uno de los activistas ultimados, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la adopción de medidas cautelares, en beneficio de la hija de Arturo Hernández Carmona, María Soledad Hernández Mena, y la de “un testigo” (quien vio cuando el ex presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, ejecutó extrajudicialmente a Hernández Cardona) y sobreviviente de los hechos y su familia, quienes siguen reclamado justicia por los hechos pero han enfrentado amenazas, seguimientos, vigilancia, hostigamientos e intromisiones a sus refugios.
“Exigimos se le reinstalen las medidas cautelares a María Soledad Hernández Mena y se amplíen para sus hermanas y mamá, así como para los testigos de los hechos y sus familiares… demandamos sensibilidad al Estado mexicano que no sólo no nos está protegiendo, el número de activistas y defensores de derechos humanos ejecutados durante el periodo que gobernó AMLO (Andrés Manuel López Obrador) es de 226 ¿qué pedimos? ¡justicia!”, remarca la red humanitaria.
Incluso, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad recalcó que “el 9 de febrero de 2024, se publica el libro ‘Gracias’, escrito por Andrés Manuel López Obrador, y en la página 526, suscribe que José Luis Abarca Velázquez, ‘permanece en la cárcel por el asesinato de Arturo Hernández Cardona, que fue exonerado por el caso de los jóvenes de Ayotzinapa’. López Obrador, suscribe que ‘conoció al finado Arturo Hernández Cardona; que era un luchador social radical, por lo cual no era bien visto por algunos y con esa mentalidad de antaño, se le consideraba un hombre conflictivo”.
“El 31 de mayo de 2013, en Iguala, Guerrero, se da la desaparición de Héctor Arroyo Delgado, Arturo Hernández Cardona, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza, Rafael Banderas y Jimmy Castrejón y que a su vez derivaron en la ejecución de Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez”, apunta.
“Ante este contexto de persecución, amenazas y hostigamiento” la familia de Hernández y el testigo desconfían de la Fiscalía; resaltan que en mayo, “sin previa notificación a la beneficiaria María Soledad Hernández Mena y/o a su representación RSDCIAC, le levantaron las medidas de manera unilateral por parte del gobierno mexicano”
El testigo sobreviviente de los hechos, denunció que ha sido perseguido en sus refugios y sus teléfonos por presuntos agentes de la Fiscalía de Guerrero, en una de sus incursiones (bajo el argumento de que le buscan como “testigo de algo”) se llevaron varias pertenecías, incluidos veinte mil pesos. La víctima remarca que rindió su testimonio sobre el caso de Arturo Hernández ante la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR), y actualmente se encuentra junto con su familia refugiados en un lugar secreto; él y su familia señalan que sí no consiguen las medidas cautelares terminará solicitando asilo político.
La Red recrimina que en agosto pasado un medio publicó que; “Inteligencia militar identifica a Hernández Cardona, ex dirigente del PRD, como activista del ERPI” señalamiento del cual no existe antecedente pero sí pone en total riesgo a la familia del Arturo Hernández Cardona.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, en voz de Fray Julián Cruzalta Aguirre, denunció que “el Estado mexicano, en lugar de proveer los medios adecuados, ha obstaculizado la labor de Soledad como defensora, y a pesar de que la Comisión Interamericana solicitó las medidas cautelares, le han sido retiradas unilateralmente desde el Estado mexicano. Y por eso la red reitera la solicitud al Estado mexicano de las medidas cautelares, tanto para Soledad, para su familia, para los testigos de este caso. Si pasa algo, el Estado mexicano es absolutamente responsable por omisión, por guardar silencio, si no es que ha intervenido directamente y nos preocupa. México, a pesar de lo que se dice públicamente, sufre un agravio muy profundo en derechos humanos”.
