La Cámara de Diputados aprobó en lo general la octava de 18 reformas constitucionales propuestas en la anterior administración.
Se trata de modificaciones a los artículos 4 y 27 de la Carta Magna en materia de bienestar.
En lo general, el ordenamiento avanzó con voto unánime y de mayoría calificada, por parte de la oposición y del bloque mayoritario, de 483 votos.
En lo particular, de las más de 240 reservas presentadas, sólo avanzó una, para cambiar el término “familia” por “persona”, en la parte referente al derecho a la vivienda, y cambiar los términos “digna y decorosa” por “adecuada”, también relativos a la vivienda.
La propuesta avalada fue de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar.
Reforma de bienestar
El proyecto establece que es obligación de la Federación, pero también de los estados de la República, de garantizar una pensión a personas con discapacidad permanente, menores a 65 años.
El beneficio se entregará de manera prioritaria a menores de 18 años.
Aunado a ello, fija en la Constitución que la edad para comenzar a recibir la pensión de adulto mayor serán 65 años.
También contempla la entrega de un jornal seguro a campesinos adscritos al programa Sembrando Vida.
Incluye la entrega de fertilizantes gratuitos a pequeños productores y apoyo anual a pescadores en pequeña escala. Asimismo, mantiene precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.
Uso electoral de programas sociales
En el largo debate donde integrantes de todas las fracciones se pronunciaron a favor, la oposición lanzó una exigencia coincidente: que se dejen de utilizar los programas sociales como instrumento electoral.
Congresistas del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Movimiento Ciudadano (MC), sentenciaron que el anterior sexenio, el partido en el gobierno utilizó la política social para sacar provecho electoral.
Se usaron los programas, pensiones y becas, para amagar a la población con que éstos serían retirados si no votaban por el partido en el gobierno, hubo acusaciones de corrupción y cobro de “moches” a beneficiarios, recordaron.
“En prácticamente todos se ha demostrado que donde se distribuye dinero en efectivo se ha exhibido moches y sobornos, como cuando los medios de comunicación informaron que campesinos beneficiarios del programa Sembrando Vida denunciaron que los promotores les pedían un moche mensual del dinero que recibían. Que se usen y se aprovechen con fines electorales, esto es algo que vivimos en el pasado proceso electoral”, recriminó el diputado de MC, Raúl Lozano.
En su turno, la panista Margarita Zavala recalcó que la entrega directa de dinero tampoco ha logrado abatir las desigualdades en el país, y no es una estrategia integral de desarrollo social.
“No estamos en contra, lo que estamos en contra es que sea su único eje de la política social, porque entonces no es política social, es dádiva, es asistencia”, remarcó.
