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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impugnó la la suspensión provisional que Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, le concedió a habitantes de Buenavista Tomatlán, quienes reclamaron la omisión de las autoridades federales y estatales para desplegar acciones que permitan identificar los sitios con “narcominas”.
El subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Defensa Nacional, interpuso el recurso de queja para combatir la medida cautelar.
El 7 de marzo, un grupo de habitantes de las comunidades de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, pertenecientes al municipio de Buenavista Tomatlán, solicitó la protección de la justicia federal ante la falta de acciones para identificar las zonas en las que el crimen organizado a instalado minas terrestres.
Los pobladores argumentan que todos los días corren el riesgo de perder su vida a manos del crimen organizado, por la colocación clandestina de dichas minas en sitios estratégicos.
A la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía del Estado le reclamaron la omisión de investigar los casos de personas fallecidas a causa de las minas, como el del maestro Ramón Paz Salinas, quien murió mientras viajaba en su vehículo en la zona rural de Apatzingán, o el de Pablo, el adolescente jornalero que perdió la vida al pisar una mina cuando trabajaba en una huerta de limón en la comunidad de Santa Ana Amatlán.
