En la Cámara de Diputados avanzó la reforma propuesta por la Presidenta de la República hace apenas un par de semanas y que prevé la creación de tres secretarías de Estado, así como una “Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones”.
El proyecto de “reingeniería administrativa” de la nueva administración avanzó en la Comisión de Gobernación del recinto, con una votación de 18 a favor y siete abstenciones por parte de la oposición.
Los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal incluyen crear las secretarías de Ciencias y las Mujeres, así como cambiar la Secretaría de la Función Pública a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El documento será enviado a la Mesa Directiva del recinto, para que se apruebe en la sesión en el Pleno de este miércoles 13 de noviembre, tal y como ya lo perfiló la mayoría en la Junta de Coordinación Política.
La mayoría en la Comisión dictaminadora también decidió llevar la presentación y procesamiento de reservas con propuestas de cambio, al Pleno.
Reingeniería administrativa
Al presentar el contenido de la reforma, la diputada presidenta de la Comisión, Graciela Ortiz, recordó que la propuesta prevé cambios en las funciones y facultades de 15 secretarías de Estado.
Ocho de ellas, modificarán algunas de sus competencias actuales. Se trata de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Seguridad, Medio Ambiente, Agricultura, Infraestructura y Comunicaciones y Salud.
Los ajustes a la Función Pública, que ahora será Secretaría Anticorrupción, están ligados a la extinción del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
La dependencia con nuevo nombre asumirá las tareas de transparencia en la información púbica, protección de datos personales, profesionalización e integridad pública, evaluación de la gestión gubernamental, mejora continua, contrataciones públicas, fiscalización y como lo dirá su nombre, en materia anticorrupción.
En tanto, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se encargará de las políticas en esa materia, en el marco de la administración pública federal.
Asimismo, contempla cambios en la Oficina de la Presidencia de la República.
Derecho a reorganizar la administración
En la discusión del dictamen que se dividió en cuatro apartados, los legisladores del bloque mayoritario defendieron el derecho de la nueva administración federal de reorganizar su estructura para arrancar el sexenio.
Incluso señalaron que las modificaciones en cuestión deberían ser aprobadas por la oposición por “cortesía política”, aunado a que se reconoció que los cambios obedecen al cumplimiento de promesas de campaña electoral.
“¿Qué de raro tiene que el nuevo gobierno pretenda modificar el andamiaje jurídico?, y poder elaborar y poder tener a su alcance nuevas secretarías para cumplir con sus objetivos, con sus fines, con los compromisos de campaña, porque fueron compromisos de campaña muchas de las creaciones, y las secretarías y propuestas que se encuentran en este dictamen”, planteó el diputado del Partido Verde (PVEM), Carlos Canturosas.
Oposición ve retrocesos
En contraparte, los congresistas de la oposición indicaron que hay propuestas positivas, como crear la Secretaría de las Mujeres y fortalecer la política de ciencia y tecnología, con una nueva Secretaría en esa materia y que cumplirá las funciones del todavía conocido como Conahcyt.
Sin embargo, advirtieron sobre los riesgos que implicará para el federalismo, el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, así como los derechos humanos, tener un gobierno que se autovigile y sea juez y parte al intentar transparentar la administración y el uso del erario, cambiando a la Función Pública por una Secretaría Anticorrupción.
Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), por separado, alertaron que en ese tipo de materias, el centralismo es un retroceso.
“Se retrocede cuando se centralizan funciones que ya están descentralizadas o son autónomas. En el caso de las facultades, de las materias en transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales que siendo hoy del INAI pasarían a ser de la denominada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. De igual manera, el rimbombante nombre de la Secretaría Anticorrupción no logra ocultar que no se pueda garantizar el combate a la corrupción desde el mismo gobierno por ser juez y parte”, alertó el priísta Andrés Cantú.
