La familia de Alejandro Carranza, el pescador identificado por el presidente Gustavo Petro como uno de los civiles asesinados en los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe, ha presentado una denuncia formal contra Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La noticia, adelantada por el medio británico The Guardian y confirmada por EL PAÍS, supone la primera reclamación ante un organismo internacional por la campaña militar lanzada por órdenes de Donald Trump en septiembre y en la que ya han muerto más de 80 personas.
El documento de la petición, al que ha tenido acceso este diario, cuenta con el respaldo de Daniel Kovalik, un abogado de derechos humanos y representante del presidente Petro en varios casos internacionales. En la solicitud explica con brevedad los hechos en los que, denuncia, murió Carranza: “El 15 de septiembre de 2025, el ejército de los Estados Unidos bombardeó el barco de Alejandro Andrés Carranza Medina, en el que navegaba por el Caribe, frente a las costas de Colombia. Murió en el bombardeo. El señor Carranza era pescador y ciudadano colombiano”. El hombre salió a faenar y nunca regresó a su casa.
La queja apunta directamente al secretario de Defensa de EE UU, Pete Hegseth, al ser “el responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas”. De acuerdo con la prensa estadounidense, Hegseth ha dado la orden de “matar a todos” los tripulantes de las embarcaciones sospechosas, aun si no estuviera confirmada su supuesta relación con narcotraficantes. El documento también indica que Trump “ha ratificado la conducta del secretario Hegseth”.
“Al llevar a cabo este asesinato extrajudicial, Estados Unidos ha violado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, señala la petición firmada por la esposa de Carranza, Katerine Hernández Bernal. La familia acusa a Estados Unidos de violar los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a un juicio justo y al debido proceso legal. Según el documento, hay un testigo del asesinato: se trata de un líder de una asociación de pescadores en Santa Marta que ha preferido mantener su nombre bajo reserva por las “amenazas de paramilitares”.
Petro denunció a finales de octubre que el segundo ataque de Washington en el mar Caribe contra una embarcación (el 15 de septiembre) había ocurrido contra un pescador colombiano y “presumiblemente” sucedió en aguas nacionales. El presidente colombiano denunció entonces que el hombre, al que identificó como Carranza, de 42 años, no tenía ningún vínculo con el narco. Trump, por su parte, reseñaba que en esa operación murieron tres “narcoterroristas venezolanos” que supuestamente se encontraban “transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”.
La ONU y varias organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han catalogado los bombardeos contra las supuestas narcolanchas como “ejecuciones extrajudiciales”. El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, ha dicho que estas acciones “violan el derecho internacional”. La campaña militar, bautizada con el nombre de Lanza del Sur, inició con ataques contra embarcaciones en el mar Caribe, que luego se extendieron al océano Pacífico, la ruta de narcotráfico más común de las drogas que van del sur al norte de América. Más de 80 personas han muerto y solo se han identificado a dos supervivientes: un colombiano y un ecuatoriano, los cuales navegaban en un supuesto narcosubmarino, cuando este fue atacado el pasado 18 de octubre. Ambos fueron liberados en sus respectivos países al no probarse delitos en su contra.
La CIDH, con sede en Washington, es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su función es promover y proteger los derechos humanos en el continente. Si la entidad encuentra que uno de los 35 Estados miembros es responsable de violar los derechos humanos, emite un informe que puede incluir desde recomendaciones y reparaciones hasta sanciones contra los responsables y empujar a cambios legislativos. Si no hay una solución amistosa, los casos pueden elevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias tienen efectos vinculantes. EE UU es uno de los países fundadores de la OEA.
