El expresidente Luis Arce cumplirá cinco meses de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de la Paz. Un juez anticorrupción dictó esta medida en la causa que investiga a Arce por enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y uso indebido de influencias. El juez Elmer Laura justificó la decisión por la existencia de indicios que considera suficientes para atribuir al expresidente la autoría de los delitos imputados durante su gestión como ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales, entre 2017 y 2019.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló a Arce como el “jefe de la pandilla” de una supuesta trama de corrupción al interior del Estado.
El encarcelamiento del exmandatario se enmarca en las investigaciones sobre un supuesto caso de corrupción en el desaparecido Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc). La Fiscalía acusa a Arce de haber sido parte del directorio del Fondo cuando se autorizaron proyectos valorados en casi 15 millones de dólares para iniciativas que nunca se ejecutaron o que fueron malversados durante su implementación. La demanda presenta una lista de 20 personas vinculadas al anterior partido hegemónico, el Movimiento al Socialismo (MAS), que presuntamente se habrían beneficiado de este desfalco.
“El ahora imputado, por su condición de exministro y expresidente, mantiene una capacidad real de influencia sobre exfuncionarios, testigos y coimputados, muchos de los cuales dependieron jerárquicamente de él o integraron directorios bajo su gestión”, señala la fundamentación del juez Laura. Asimismo, se destacó el riesgo de fuga, tomando en cuenta su historial de viajes.
A Arce se le negó la solicitud que presentó de arraigo familiar y por motivos de salud. La defensa argumentó que quien fue el máximo líder del MAS padece cáncer, tiene 62 años y está a cargo del cuidado de su madre, una adulta mayor. Sin embargo, el juez indicó que no se presentaron certificados médicos actualizados que acrediten la enfermedad del expresidente, ya que el último estudio data de 2017. La autoridad judicial aclaró que, de requerirse atención médica especializada, esta puede ser garantizada dentro del sistema penitenciario ubicado en el centro de la sede de gobierno boliviana.
La audiencia fue virtual y se prolongó por más de seis horas. El economista testificó desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde se encuentra detenido desde el miércoles. La noticia de su aprehensión, registrada esa misma tarde, fue difundida por quien fuera su ministra de la Presidencia, María Nela Prado. La exfuncionaria denunció que Arce fue víctima de un “secuestro”, al haber sido arrestado con una notificación que, según afirmó, le fue presentada recién en el momento de su detención.
Críticas a la detención
El exviceministro de Coordinación Gubernamental Gustavo Torrico denunció irregularidades en el proceso. “La detención no tiene fundamento. Se argumenta que el presidente autorizó un traspaso de bienes públicos a fondos privados; eso está garantizado desde 2010 en el Presupuesto General del Estado”, señaló. Torrico apuntó que existen incoherencias desde el inicio de la imputación. La detención del expresidente se deriva de las declaraciones de la exdiputada del MAS Lidia Patty, quien permanece en prisión desde el sábado y es otra de las investigadas por el caso Fondioc.
A Patty se le acusa de haber recibido 100.000 dólares para un proyecto agrícola rural que nunca se concretó. La exparlamentaria afirmó en su testimonio que fue Arce quien autorizó la transferencia de recursos estatales a su cuenta privada. Según Torrico, los traspasos monetarios figuraban en el presupuesto del Estado. El supuesto desfalco del Fondioc ya tuvo una sentencia en 2015 contra su entonces presidenta, Nemesia Achachollo; sin embargo, el caso fue reabierto en el marco de las comisiones de la verdad impulsadas por el nuevo gobierno del centroderechista Rodrigo Paz.
De acuerdo con las nuevas conclusiones, el daño económico al Estado por el uso irregular de recursos destinados a la producción agrícola campesina ascendería a 52 millones de dólares. El ministro Oviedo aseguró que Arce sería la cabeza de esta red de corrupción: “Él autorizaba, él tramitaba, él designaba y él ejecutaba cómo iba a salir el dinero”.
La Contraloría General de Estado denunció en 2015 que 153 proyectos del Fondioc no habían sido concluidos, pese al financiamiento recibido desde instancias ejecutivas. Dentro de ese proceso, Arce fue declarado a citar en 2020, cuando se encontraba en plena carrera para los comicios presidenciales que ganó con más del 60%. “Hasta ahora no sé de que especifícateme se me acusa. Esto es inminente político, contra nuestra candidatura”, dijo en ese entonces.
