El asesinato este martes de Jean Claude Bossard, un joven bogotano de 29 años que vivió la mayor parte de su vida en Barranquilla, ha profundizado la discusión sobre la reincidencia criminal en la capital colombiana y la efectividad de la justicia. El alcalde, Carlos Fernando Galán, ha admitido que había sido alertado sobre la banda causante del ataque. Tras el asesinato, un policía abatió a uno de los atacantes y detuvo al otro, un menor de 16 años que se encontraba bajo libertad vigilada tras haber sido detenido en mayo por hurto. Ese asesinato se suma a otros recientes: el 2 de noviembre, tres sujetos asesinaron a Alejandro Ladino, de 33 años, para robarle su bicicleta en la localidad de Engativá, al occidente de la urbe; el 13 fue asesinado Héctor Mauricio Latorre, de 73 años, en la localidad de San Cristóbal, al suroriente, cuando intentó defender a un grupo de jóvenes de un hurto.
“Estos hechos son un campanazo para todos. No puede seguir pasando que a pesar de las alertas los delincuentes sigan cometiendo crímenes”, ha dicho Galán, quien ha pedido priorizar la captura de homicidas en intentos de hurto. Sin embargo, incluso cuando hay capturas, los detenidos quedan fácilmente en libertad. Por eso, dijo el alcalde, el asesinato de Bossard “duele más porque estábamos alertados”.
El caso muestra cómo la ciudad está golpeada por la reincidencia criminal, que es un problema nacional. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, con datos del INPEC, es un fenómeno que crece. En 2016, año la justicia condenó penalmente a 114.417 personas, de las que 18.750 (16,4%) eran reincidentes. Para 2024, las condenas sumaron 109.764 condenados y los reincidentes ya eran 22,6%, con 24.858 de ellas. Daniel Mejía, ex secretario de Seguridad de Bogotá, señala que, entre el 2012 y el 2019, el 52% de las personas capturadas por la policía ya tenían detenciones previas y el 63% de las imputadas por la Fiscalía tenía imputaciones anteriores. “El patrón no ha cambiado y en Bogotá es mucho peor”, asegura.
Además, un informe de Noticias RCN reveló en mayo que solo el 3% de los capturados por lesiones personales en Bogotá termina en prisión: de 1.687 detenidos por ese delito, solo 57 fueron encarcelados. “El problema grueso de criminalidad urbana es la reincidencia y su no castigo, tanto en delitos menores como graves”, enfatiza Mejía. El exsecretario agrega que eso se debe a que, en muchas ocasiones, los fiscales encargados de legalizar las capturas, imputar los cargos y solicitar medidas de aseguramiento llegan “muy a ciegas sobre los antecedentes criminales del imputado”.
La ciudad ha mejorado en sus cifras de homicidio, un delito muy visible. Las cifras de enero a octubre de 2025, comparadas con el mismo período de 2024, muestran una reducción de 103 a 98 casos, según la Secretaría Distrital de Seguridad. Pero en ese mismo lapso de tiempo, los hurtos a personas en se han disparado de 11.851 a 13.055, un aumento de un 10,1%.
Este miércoles, en su intervención en la cumbre ‘Visión 2026’ de Prisa Media, Galán ha afirmado que todo ello se debe “debilitamiento de la capacidad de la fuerza pública”, al “fortalecimiento de bandas criminales producto del aumento de la producción de droga en el país” y a “normas que han permitido que personas que son capturadas después de cometer delitos sean liberados”. Recordó que terminan libres 7 de cada 10 personas que son capturadas por hurto a vehículos en Bogotá. Este año, las cifras son 390 personas capturadas por ese delito, 273 ya en libertad. “No es un problema de fiscales o jueces, sino de norma”, ha dicho el alcalde, un político de centro. Mejía coincide en que las reglas para imponer prisión preventiva son “muy laxas” y considera necesario un cambio legal que permita encarcelar automáticamente a quienes sean capturados tres veces en uno o dos años, incluso por delitos menores.
Galán también ha lamentado que Bogotá es “de lejos” la ciudad de Colombia con menos policías por cada 100.000 habitantes, “pero la que más demanda tiene”. La capital tiene alrededor de 200 agentes por cada 100.000 habitantes (menos de 16.000 agentes en total), mientras que el promedio nacional está en torno a los 310. El mandatario, además, ha subrayado que la reducción del pie de fuerza se ha dado mientras la población crece: “Hace 12 años tenía 20.000 policías y hoy tiene 5.000 menos, con una población mayor”.
También ha contribuido el fortalecimiento de bandas criminales a nivel nacional, ha señalado el alcalde: “La red de narcotráfico se vincula con las redes de celulares o vehículos robados, de extorsión y con los mercados criminales”. Para Mejía eso también es indiscutible. El robustecimiento de los grupos criminales en el país repercute inevitablemente en la seguridad de las ciudades y existe un “desbordamiento del sistema de justicia, que ya no da abasto”.
En ese sentido, Galán ha insistido en la necesidad de “revisar las normas, fortalecer la capacidad de la policía y los mecanismos de vigilancia local”, así como encontrar la manera para que se pueda “garantizar que haya justicia efectiva cuando alguien comete un delito”.
